¿Sería correcta la decisión de despenalizar la eutanasia?
(Revista Medica, Febrero de 2007)
Publicamos la sección "Controversias", dedicada este mes a la eutanasia. La sección incluye la posibilidad de que los lectores se pronuncien sobre la cuestión discutida. Incluimos el gráfico con el resultado en el momento de publicar el artículo.
La eutanasia es, ha sido y será tema de discusión en todas las sociedades en las que se plantea. En los últimos días de 2006, las declaraciones de la consejera de Sanidad de Cataluña, Marina Geli, volvieron a reavivar las ascuas que parecían calmadas. En ellas, defendía la despenalización de algunos supuestos de la eutanasia en los próximos cuatro años “si se dan las condiciones de tranquilidad a nivel político en España”. Las opiniones son contrarias en este asunto. Por un lado, los que abogan por una reglamentación fuerte que permita tanto al médico como al paciente saber a qué atenerse en cada situación. El mayor refuerzo de estas opiniones es la ley aprobada en Holanda el 10 de abril de 2000, en la que ven la base sobre la que corregir los defectos y la cual se podría adaptar a las necesidades de la sociedad. En el lado contrario, quienes opinan que con la Ley de Autonomía del Paciente y la de Voluntades, además de comités específicos de los hospitales, es suficiente para que el paciente se sienta seguro en su relación con el médico y, sobre todo, se sienta libre y con capacidad de decisión, aun en las peores circunstancias.
Rogelio Altisent
Presidente de la Comisión Deontológica de la Organización Médica Colegial (OMC)
“Hay
cuatro argumentos básicos en contra: evitar el chantaje moral a los más
débiles, impedir la ‘pendiente resbaladiza’, más formación en cuidados
paliativos y, por último, la desconfianza que se crearía en la relación
médico-paciente”.
Desde la Organización Médica Colegial son
claros en su negativa a despenalizar la eutanasia. Para Rogelio
Altisent, presidente de la Comisión Deontológica de esta Organización,
es conveniente hacer dos aclaraciones conceptuales previas. Una,
diferenciar si se analiza la posición ética y moral que se tiene ante
esta cuestión, o si se habla de la solución legal que se le da al
problema. Y, en segundo lugar, definir muy bien de qué hablamos cuando
hablamos de eutanasia, ya que en muchos casos se está incurriendo en
una confusión conceptual. Eutanasia, según la Sociedad Española de
Cuidados Paliativos (Secpal), es la conducta dirigida intencionadamente
a terminar con la vida del paciente por motivos compasivos y en el
contexto de una enfermedad terminal.
En cuanto a la cuestión
ética, Altisent reconoce que sobre convicciones éticas es muy difícil
discutir. En lo que a la cuestión legal se refiere, Altisent considera
que legalizar la eutanasia para que se evite el encarnizamiento
terapéutico no es excusa, ya que, en España, esto va contra la ley de
Autonomía del Paciente y el Código de Ética y Deontología Médica.
“Nosotros, desde la OMC, tenemos en el código un posicionamiento muy
claro que sigue vigente: el médico no va a participar en la terminación
de la vida del paciente”.
Sobre la despenalización, cuatro son
sus argumentos principales en contra: el primero, el chantaje moral a
los débiles, ya que considera que esta ley se podría entender como un
mensaje a la sociedad en el que ésta es la solución a los problemas del
paciente. En segundo lugar, está el argumento de la “pendiente
resbaladiza”, que parece estar pasando en Holanda. También ha
constatado que, a más formación en cuidados paliativos, menos apoyos
recibe la práctica de la eutanasia por parte de los médicos. Y, por
último, que la eutanasia genera una potencial desconfianza en la
relación entre el médico y el paciente.
Además, considera que la
despenalización es innecesaria, puesto que el Estado cuenta con la Ley
de Autonomía, que permite que el paciente renuncie al tratamiento y
admite uno intenso para el dolor, aunque éste pueda acelerar la muerte.
“También existe el Testamento Vital y contamos con comités de ética
para estudiar cada caso particular”, concluye.
Ricardo Villanueva
Presidente de la Asociación Internacional de Médicos Progresistas (AIMP)
“Más
de un 80 por ciento de personas jóvenes están a favor de los
procedimientos de eutanasia legislados correctamente, y más del 70 por
ciento de médicos estarían dispuestos a que esto se normalizase”.
La
Asociación Internacional de Médicos Progresistas (AIMP) parte de una
base sociológica que, en opinión de su presidente, Ricardo Villanueva,
está más que demostrada. “Una sociedad que es capaz de admitir los
procedimientos de matrimonio entre personas gays, entendemos que
también está capacitada para entender los procedimientos de eutanasia y
aceptarlos socialmente. También nos avalan las estadísticas, que dicen
que más de un 80 por ciento de personas jóvenes están a favor de los
procedimientos de eutanasia legislados correctamente, y más del 70 por
ciento de médicos estarían dispuestos a que esto se normalizase”.
Reivindican
que los procedimientos se regularicen de alguna manera y que el médico
y el paciente sepan a qué atenerse para que, de esta manera, la
normativa se convierta en garante de estos procedimientos, que, en
ningún caso, se aplicarían masivamente, sino que estarían pensados para
unos grupos muy determinados “que están saltando a los medios de
comunicación”, aclara Villanueva.
“Tenemos dos instrumentos muy
valiosos que se suelen olvidar: la Ley de Autonomía del Paciente, por
la cual un médico puede desengancharle -siempre y cuando se lo pida de
manera consciente, coherente y razonada un paciente- de cualquier
máquina que le mantenga con vida, y la Ley de Voluntades”. Si el
paciente no tuviera capacidad, sería eso lo que se tendría que
reglamentar: qué situaciones y qué comités de ética, bioética y
familiares deberían decidir.
Según el presidente de la AIMP, la
ley aprobada en Holanda puede ser un buen punto de partida para que el
modelo español lo adapte a su realidad. Considera que esta ley es la
que mejor objetiviza tanto los procedimientos como las situaciones y
las condiciones que se deben dar con los pacientes para que sean
subsidiarios de ejercer este derecho. Una vez comprobado qué es lo que
esta ley tiene de bueno -o malo- se debe producir un debate social en
profundidad. “La sociedad sí que está madura para ello. En eso estamos
en desacuerdo con Elena Salgado. Repite que no es el momento, pero
pensamos que no debe ser su momento político. Otra cosa es que sea el
momento social del debate”.