(Bioeticaweb, 10 de noviembre de 2006)
Periódicamente aparece en sociedad la situación de alguna persona aquejada de una grave enfermedad que solicita se le aplique la eutanasia. Estos casos suelen ser utilizados por sus defensores para pedir la legalización de esta práctica. Sin entrar ahora en la discusión de si es un derecho exigible el de ser ayudado a suicidarse, me gustaría comentar algunos otros aspectos de esta petición, que pueden pasar desapercibidos. Me refiero a la necesidad de que la legislación se acomode al bien de toda la sociedad y no sólo a la satisfacción de los deseos de personas individuales.
Con frecuencia la cuestión de la eutanasia se afronta desde los derechos individuales y la autonomía, solicitando un reconocimiento social mediante leyes que no pueden dejar de tener una repercusión en otros individuos distintos de los que la han solicitado, y en el mismo entramado de la sociedad. Este punto, que frecuentemente se olvida fue expresamente puesto de relieve en el estudio que llevó a cabo el estado de New York en la década de los 90. Su conocimiento puede resultar muy ilustrativo.
En 1984 el Gobernador de New York, Mario M. Cuomo, convocaba una Comisión que orientase la política estatal en relación con los avances de la medicina. El modo de proceder es un ejemplo de método de trabajo en Bioética. La Comisión estaba compuesta por 31 profesionales de campos diversos: de la salud, de las leyes, de la sanidad pública, representantes religiosos, representantes de organizaciones sociales, etcétera.
El encargo incluía dilucidar el camino a seguir en los casos de tratamientos de vida sostenida artificialmente. La Comisión llevó a cabo diversas recomendaciones sobre los tratamientos médicos y estableció procedimientos de "no resucitación" -no aplicar medidas extraordinarias para volver a la vida-, así como disposiciones para evitar el encarnizamiento terapéutico, y cauces para tomar decisiones en el caso de pacientes sin esta capacidad. Estas propuestas se convirtieron en distintas medidas legislativas del Estado que supusieron un avance en el buen funcionamiento de la sanidad pública.
A lo largo de los debates de la Comisión surgió un tema nuevo: el suicidio asistido y la eutanasia. Los trabajos partieron de dos principios fuertementes afirmados. Por una parte estaba el profundo respeto por la autonomía individual. Por otra la preocupación por el bienestar de los individuos cuya vida está cercana a su finalización.
La propuesta concreta pretendía transformar el derecho a decidir acerca del tratamiento médico que se quiere recibir, por un derecho mucho más amplio al control del momento y del modo de la muerte. Después de largas deliberaciones la Comisión concluyó por unanimidad que los peligros de un cambio tan importante en la política sanitaria no compensarían ni de lejos los posibles beneficios. Las prácticas del suicidio asistido o de la eutanasia serían gravemente peligrosas para segmentos grandes de la población, especialmente a la luz de las deficiencias sanitarias que se dan en el tratamiento del dolor, y las lagunas en el diagnóstico y en el tratamiento de la depresión. Los riesgos se extenderían a todos los individuos enfermos o vulnerables. Este riesgo sería más importante para aquellos cuya autonomía o calidad de vida ya están comprometidas por la edad avanzada, por la pobreza, por la marginación social, o por la carencia de acceso a una buena asistencia sanitaria.
La argumentación está desarrollada en un volumen de 217 páginas publicado en mayo de 1994: When Death Is Sought: Assisted Suicide and Euthanasia in the Medicar Context. El Informe resume en ocho las razones sociales que apoyan la prohibición legal del suicidio asistido y de la eutanasia.
Por todas estas razones, sin entrar en las diversas opiniones teóricas sobre el significado del derecho a la vida, se rechazó la propuesta de legalizar la eutanasia. Se tuvo en cuenta más bien qué podía ocurrir en la práctica con el bien común de la sociedad.