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El trance de decidir sobre la vida PDF Imprimir E-mail
(El Mundo, 14 de noviembre de 2008)

Dos sentencias sobre el derecho a morir de los pacientes, una del Tribunal Supremo británico y otra del Supremo italiano, conocidas esta semana, han vuelto a poner sobre la mesa el debate en torno a la muerte digna, que en ningún caso debe confundirse con la eutanasia, al menos en el sentido que se da a este término de facilitar la muerte de forma activa.
Por un lado, está el drama de Hannah Jones, la niña inglesa de trece años a quien la Justicia ampara en su deseo de no recibir un trasplante de corazón. Ha sido la suya una vida marcada por el sufrimiento y múltiples intervenciones como consecuencia de la leucemia que padece. Por otra parte, está el caso de Eluana Englaro, de 37 años, en coma desde 1992. Su padre acaba de lograr que, por primera vez, la Justicia italiana permita la muerte de una persona en esas condiciones. Son, desde luego, situaciones extremas y muy complejas desde el punto de vista ético y jurídico.
El primer caso es similar al de Inmaculada Echeverría, que en marzo de 2007 consiguió que un hospital de Granada la desconectase del respirador que la mantuvo con vida 9 años por una distrofia muscular. Hablamos, pues, de dos personas que en plenas facultades mentales solicitan que cese el tratamiento que se les administra.
La situación de Eluana Englaro es más controvertida, y muy semejante a la de la estadounidense Terry Schiavo, que también fue autorizada a morir en 2005 tras permanecer 15 años en coma y después de una ardua pelea judicial entre sus padres y su marido. En ambos casos, son terceros los que deciden sobre la vida de una persona, de quien desconocemos su voluntad, lo que hace más difícil aceptarlo. Estas situaciones ponen de relieve la importancia de contar con un testamento vital.
Debemos insistir, sin embargo, en que hay una notable diferencia entre rechazar una terapia y la eutanasia o suicidio asistido, supuestos estos dos últimos que castiga nuestra legislación. Sin embargo, la Ley de Autonomía del Paciente, aprobada en tiempos del gobierno Aznar, autoriza a los ciudadanos a rechazar un tratamiento médico. En sintonía con la ley, creemos que procede atender toda petición consciente y razonada de un enfermo que no desea que se le mantenga artificialmente o por medios extraordinarios con vida.
 
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