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Piden que la futura Ley de Muerte Digna no “ampare” la eutanasia PDF Imprimir E-mail
(La Gaceta, 30 de enero de 2011). El Grupo Mixto en el Congreso de los Diputados ha presentado una moción, que se debatirá el martes 8 de febrero en el pleno, en la que pide al Gobierno que el proyecto de ley sobre cuidados paliativos y muerte digna "no contemple ni ampare", en modo alguno, la regulación de un supuesto derecho a la eutanasia en España.

El texto registrado, a instancia de Carlos Salvador Armendáriz, diputado de Unión del Pueblo Navarro (UPN), pide también que la futura ley garantice el derecho de los pacientes a recibir cuidados paliativos integrales de calidad; a la información clínica, al consentimiento informado y a la toma decisiones y a realizar la declaración de voluntad vital anticipada y que sea respetada la misma. Asimismo, a que se garanticen los deberes de los profesionales sanitarios respecto a los testamentos vitales, la atención a las personas en el proceso de la muerte y la limitación de las medidas extraordinarias de soporte vital, "sin perjuicio del derecho a la objeción de conciencia reconocido en la Constitución Española".

Finalmente, pide que se garantice el derecho a la asistencia espiritual en el proceso de la muerte, el apoyo y acompañamiento a las familias y que habrá garantías sobre los servicios que ofrecen las instituciones sanitarias, públicas o privadas, para el ejercicio de los derechos que contenga la ley.

Legislar "en sentido positivo"
Por otra parte, la moción insta al Gobierno a que cuente con la colaboración de las comunidades para "armonizar la normativa autonómica aprobada en esta materia", y la que está en tramitación, "creando espacios de colaboración y coordinación, racionalizando procesos y optimizando el uso de las tecnologías".

UPN señala que el objetivo de esta moción es "servir para instar al Gobierno a que legisle los derechos y obligaciones relativos a los cuidados paliativos en un sentido positivo" y añade que "pretende dejar claro que la nueva regulación no va a aprovecharse en modo alguno para introducir en el ordenamiento jurídico español apoyo legal suficiente para prácticas eutanásicas o de suicidio asistido".

 
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