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Leyes a vida o muerte PDF Imprimir E-mail
(Diario Médico, 29 de abril de 2013). En el terreno práctico va a influir en el tipo de relaciones que se dan en la sociedad, pero también en la relación entre médico y paciente y, por tanto, en la misma práctica médica. Como se trate la muerte se abordará la vida en todas sus facetas. "La vida ofrece menos encanto cuando se piensa así en la muerte, pero es más tranquila", decía Tolstoi en boca del bueno de Lievin en su obra Ana Karenina.

Hace tres años se aprobó en Andalucía la Ley de Derechos y Garantías de la Dignidad de la Persona en el Proceso de la Muerte. Al año siguiente, se promulgaron leyes calcadas en Aragón y Navarra. En la Comunidad Foral, el debate parlamentario consiguió introducir algunos matices importantes que airearon el tono espeso y restrictivo de la ley, pero el trasfondo final fue similar al de la ley madre.

Las normas sobre el final de la vida aprobadas en España exaltan una autonomía de la voluntad del paciente en el proceso de morir desde fuera del propio paciente. Aunque su literalidad es aparentemente neutra y políticamente correcta, invitan a una interpretación ambigua con un enfoque programado. Merece la pena resaltar algunos sesgos bien presentados.

Estas leyes, al identificar la dignidad exclusivamente con la autonomía de la voluntad, hacen tambalearse conceptos como el de dependencia y el de responsabilidad, actitudes clave para preservar una sociedad sana y una actuación médica acorde con su naturaleza. Su lectura e interpretación conduce a una visión de limitación negativa de los tratamientos -reforzada por el peso que se da a la autonomía del paciente- en lugar de reforzar la idea de potenciar el tratamiento adecuado de estos pacientes: la protección de su fragilidad con la garantía de cuidados específicos queda, de hecho, un tanto ensombrecida en el conjunto de la ley, aunque se mencionen los cuidados paliativos como un derecho.

Por otra parte, se deja abierto el campo para una evolución del concepto de muerte digna de acuerdo con tendencias sociales manipulables, así como de interpretaciones particulares de la ley: está libre el camino a potenciales abusos si no existe un cuerpo sanitario adecuadamente formado y protegido de presiones externas.

A mi juicio, uno de los puntos más dañinos de estas leyes es la confrontación que generan entre el paciente y el personal sanitario, al entrar en una dialéctica de derechos y deberes asimétricos y desvinculados unos de otros. De esta manera, corrompen la confianza y no entienden la naturaleza de la buena práctica médica.
Por último, tal como están planteadas, constituyen una inflación legislativa: los derechos que enuncian ya están legislados; el peso de estas leyes recae sobre los deberes de los profesionales sanitarios; los deberes enunciados no garantizan ni se corresponden adecuadamente con los derechos propuestos; las garantías que se exigen a las instituciones no quedan en general suficientemente concretadas para que cumplan su función.

Lo que debe proteger el Derecho
Nuestros enfermos necesitan que se proteja su dignidad -que es suya- y no necesitan que la definan desde fuera a gusto del político-legislador. El proceso de morir requiere una respetuosa admiración a través de unos cuidados acordes a su complejidad y trascendencia. Y eso es lo que debe proteger el Derecho. Lo debe proteger por respeto a la persona y por respeto a la sociedad. Pero no se protege haciendo un panegírico de corrientes socioculturales al uso de lo que debe ser la dignidad. Ni se protege inmiscuyéndose en la relación íntima del cuidado médico. Se protege reconociendo una realidad que no crea el consenso, sino que es propia de cualquier persona. Se protege dotando al sistema sociosanitario de los medios necesarios para que el personal sanitario pueda desarrollar con libertad y excelencia sus capacidades profesionales.

Para salvaguardar esa realidad habría que legislar en positivo: hacer más énfasis en cuidar de la manera adecuada, en favorecer y respetar la buena práctica clínica: no se trata de limitar el esfuerzo terapéutico, sino precisamente de esforzarse al máximo para adecuarse a las necesidades específicas de esos pacientes. Y esa adecuación no siempre y necesariamente es menos. Casi siempre es más: más específico, más especializado, de más calidad, más interdisciplinar, más personalizado.

Nuestros colegas portugueses han aprobado recientemente una ley de cuidados paliativos que conduce al núcleo de la cuestión sin paradas innecesarias: garantizar la formación y los medios para unos cuidados sociosanitarios específicos y adecuados en el proceso de morir. Desarrollemos este aspecto -que es el que beneficia a los pacientes- y olvidemos las tasas ideológicas, que realmente no benefician a nadie.

 
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