El Gobierno no aprovechará la inminente reforma del Código Penal para regular la eutanasia. Este hecho fue refrendado ayer en el Congreso por el ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, al contestar a una interpelación de Izquierda Unida. Este grupo modificó ayer sus interpelaciones para dar entrada en la Cámara baja al debate sobre la regulación de la eutanasia, reabierto socialmente tras la muerte del pentapléjido vallisoletano Jorge León.Mientras López Aguilar daba los argumentos que tiene el Gobierno para no acometer regulación alguna sobre la eutanasia, horas antes la ministra de Sanidad, Elena Salgado, ofrecía dos razones: «No hay criterio único en la sociedad española» y «hay sensibilidades muy distintas». La ministra también aseguró que el Gobierno entiende que es «un debate que no debe llevarse a cabo en este momento». En su respuesta parlamentaria a la pregunta del portavoz de IU, Gaspar Llamazares, el titular de Justicia destacó que el Gobierno cree que sigue siendo «suficiente» el consenso alcanzado en 1995, cuando se despenalizó la cooperación no necesaria o la omisión del encarnizamiento terapéutico «más allá de lo humanamente soportable». Por todo ello, López Aguilar recalcó que aunque el Ejecutivo tiene previsto este mismo año reformar el Código Penal (para los delitos relacionados con el tráfico, por ejemplo), estos cambios no abordarán la eutanasia en modo alguno. El ministro consideró que el Ejecutivo no ha contemplado en su programa electoral modificar «el consenso básico» alcanzado sobre la eutanasia en la reforma de 1995. Sin embargo, en su compromiso ante los votantes sí que aparece una referencia: «Promoveremos la creación de una comisión en el Congreso de los Diputados que permita debatir sobre el derecho a la eutanasia y a una muerte digna, los aspectos relativos a su despenalización, el derecho a recibir cuidados paliativos y el desarrollo de tratamientos de dolor». López Aguilar destacó que la eutanasia es una cuestión «delicada y compleja, que suscita reflexiones desde el punto de vista ético, médico, sanitario, de las prestaciones sociales y también, por qué no, penal».

Lo que sí hará el Gabinete de Rodríguez Zapatero es potenciar «la voluntad y autonomía» del paciente en otros ámbitos, como los cuidados paliativos a pacientes en fase terminal o el consentimiento informado para recibir un tratamiento. El Ministerio de Sanidad tiene entre sus prioridades la realización de una estrategia para abordar las enfermedades terminales y la calidad de vida en este proceso. Este proyecto se intensificó tras la polémica del Hospital Severo Ochoa de Leganés. No será éste el último debate en el Congreso sobre la eutanasia. Ayer, el único diputado de Los Verdes, encuadrado en el Grupo Socialista, Francisco Garrido, anunció su intención de presentar nuevas iniciativas parlamentarias para que se regule la eutanasia y el derecho a una muerte digna. Las propuestas que presente este parlamentario se enfrentan a la opinión mayoritaria de su grupo.

(ABC, 11 de mayo de 2006)