Es uno de los oncólogos más prestigiosos de Madrid y experto en cuidados paliativos, pero, de la noche a la mañana, vio cómo su credibilidad corría peligro. Todo empezó cuando la Comunidad de Madrid le encargó, junto a otros especialistas, elaborar un informe sobre lo ocurrido en Leganés, documento que trascendió el ámbito médico y se convirtió en un arma arrojadiza para los políticos: mientras el Gobierno regional consideraba demostrado que algo fallaba en el Severo Ochoa, la oposición acusó a los médicos que lo elaboraron de connivencia con el Ejecutivo de Esperanza Aguirre y con el consejero de Sanidad, Manuel Lamela.
El doctor Manuel González Barón, jefe del Servicio de Oncología del Hospital La Paz de Madrid y catedrático de la Universidad Autónoma, era una de las personas que con más interés esperaba los resultados del informe del Colegio de Médicos de Madrid sobre las presuntas irregularidades en el Hospital de Leganés. Esperaba que, tal y como ha ocurrido, este nuevo informe, elaborado por peritos judiciales y encargado por el juez que instruye el caso refrendara las conclusiones del llamado «informe Lamela». Ahora, con los 34 casos de mala práctica en la mano y la demostración de que las sedaciones se hicieron a dosis excesivas, González Barón pide a los políticos que callen y dejen hablar a los técnicos.
-¿Cómo interpreta el informe de los peritos del Colegio de Médicos de Madrid sobre las presuntas irregularidades en las sedaciones en el Severo Ochoa de Leganés?
-Pienso que es un informe incluso más duro que el anterior, encargado por la Consejería de Sanidad, en cuya elaboración participé. En concreto, habla de cuatro casos en los que la sedación se considera contraindicada, cuando nosotros, en el primer informe, sólo detectamos un caso. Pero, en líneas generales, es muy parecido al nuestro. Se habla de sedaciones no indicadas, entre ellas las que se practicó a una veintena de pacientes que se encontraban en coma profundo... Y también habla de algo más, que es muy grave, y es que las sedaciones se llevaron a cabo con exceso de dosis y en asociaciones de fármacos que resultan inadecuadas. Todo ello corrobora que en el Servicio de Urgencias del Hospital se produjeron gravísimas irregularidades.
-¿Cómo se puede explicar que existan diferencias entre los informes presentados hasta ahora sobre el mismo caso?
-Todo depende del material clínico utilizado, de si se ha empleado toda la historia, parte de ella... Pero lo más importante es que la verdad no tiene más que un camino, y ha quedado reflejado en el informe del Colegio de Médicos de Madrid. Todo intento de tergiversar las conclusiones de ese informe, que son muy claras, es degradar la profesión médica e incluso degradar la atención que se ofrece en el Hospital Severo Ochoa. Eso es algo que han hecho los políticos hasta ahora en varias ocasiones; se han saltado a la torera que la Consejería de Sanidad estaba obligada a encargar una inspección administrativa ante las denuncias recibidas y han hecho falsas acusaciones. Hay que dejar hablar a los técnicos y los políticos tienen que callar.
- Para el secretario general del Partido Socialista de Madrid, Rafael Simancas, el informe es «el último episodio» de un intento del Partido Popular por privatizar la Sanidad y, además, afirma que sólo hay «poco más de 20 casos de mala práctica cuestionable». ¿Qué le diría?
-Eso es lo que no puede ser. Ningún político tiene derecho a minusvalorar la vida de los enfermos, no pueden subestimar cuatro casos en los que se ha demostrado que la sedación estaba contraindicada. Con lo que dice, Simancas demuestra que la vida de los enfermos le importa muy poco, esas declaraciones degradan éticamente a cualquiera.
-¿Y cómo valora las declaraciones de la ministra de Sanidad y Consumo, Elena Salgado, que también criticó a la Comunidad de Madrid por sus actuaciones en este caso?
-Lo más grave que he leído sobre las declaraciones de Elena Salgado es que dijo que el Gobierno de la Comunidad de Madrid atenta contra la salud de los madrileños. Estas cosas no se pueden decir. Sobre todo porque incluso algunos militantes y políticos pertenecientes al Partido Socialista que además trabajan en el mundo de la Medicina me han llamado y me han dicho que se sentían avergonzados con la actuación del Gobierno y de la oposición madrileña. Con eso ya digo bastante.
-Usted fue uno de los médicos a los que se encomendó redactar el informe encargado por la Consejería de Sanidad, que luego el PSOE tachó de manipulado. ¿Cómo fue su elaboración?
-Cuando me llamaron para participar en la elaboración de este informe yo no me lo esperaba, porque no tengo ningún cargo ni ninguna vinculación con el Gobierno de la Comunidad de Madrid. Luego vi que habían intentado buscar personas cualificadas sin ningún otro condicionante. Llamaron a expertos en las materias más relacionadas con las presuntas irregularidades en las Urgencias, como el profesor López Timoneda o el doctor Hernán Cortés-Funes, que es un oncólogo de reconocido prestigio. También llamaron al presidente del Comité de Ética médica de un hospital del sur de Madrid y también a un representante del Colegio de Médicos, catedrático de Medicina Legal, el profesor Vicente Moya, aunque después la presidenta de esta organización colegial lo retiró.
-¿Qué procedimiento emplearon para llevar a cabo el que se denominó como «informe Lamela»?
-Fuimos viendo las 300 historias clínicas en las que se sospechaba que podía haber irrregularidades. Las valorábamos y hacíamos unas fichas con los datos del paciente, la patología que presentaba cuando entró en el Servicio de Urgencias del Hospital y la medicación que se le administró. También observamos con especial atención los consentimientos informados para la sedación y las hojas de enfermería. El trabajo fue muy exhaustivo y duró dos meses. Cada día hacíamos una sesión y se llegaba a un consenso. Hicimos una clasificación teórica y dividimos las sedaciones. Había algunas indicadas y adecuadas, otras indicadas, pero no adecuadas, lo que significa que, si bien el enfermo precisaba recibir medicación contra el dolor, las dosis o las asociaciones de los fármacos no fueron las correctas. También detectamos sedaciones no indicadas y no adecuadas y, finalmente, sedación contraindicada, que quiere decir que no sólo el enfermo no precisa la medicación, sino que ésta le pone en grave peligro de muerte.
-Hay quien interpreta que los enfermos estaban terminales y que los médicos del Severo Ochoa no hicieron otra cosa que aliviar su sufrimiento.
-No se debe confundir. En Medicina Paliativa, la sedación es un instrumento valiosísimo con el que contamos para aliviar el sufrimiento de los enfermos. Pero, para aplicarla, es necesario cumplir unos requisitos éticos. En primer lugar, hace falta el consentimiento del enfermo, si es competente y está consciente, y si no de sus familiares. Además, también hacen falta unos requisitos técnicos.
-¿Cuáles son estas condiciones para sedar a un enfermo terminal?
-En primer lugar, para sedar el enfermo tiene que presentar un síntoma refractario, que es el síntoma que no se puede aliviar por medio de un tratamiento convencional. Estos síntomas pueden ser disnea [grave dificultad respiratoria], delirio, ansiedad extrema o dolor. Si no existe ninguno de estos signos, la sedación no está indicada. El segundo requisito es que la sedación hay que realizarla atendiendo al principio de la dosis mínima eficaz. Se trata de un proceso de tanteo conocido por los médicos por el que se va aumentando la dosis poco a poco. Esto lleva implícita una monitorización muy cercana y exhaustiva por parte del médico. Y en tercer lugar, la sedación siempre tiene que estar abierta a la reversibilidad. Cuando se pide la autorización, hay que dejar claro al enfermo que se puede morir en el proceso, pero debe ser reversible: hay que emplear dosis bajas de unos fármacos que tienen una vida media en sangre corta y, si es posible, que cuenten con un antídoto. Estos tres requisitos son indispensables, y toda sedación que no los cumpla no se puede considerar correcta.
-¿Siempre se cumplen estas premisas en el tratamiento de los enfermos terminales?
-Se deben cumplir siempre, pero es que en este asunto, además, hay un problema de fondo. Los futuros facultativos españoles deberían recibir una mejor formación en Medicina Paliativa que la que se les da. En la actualidad, sólo hay dos facultades de Medicina en nuestro país, que yo conozca, que tienen esta materia como asignatura: la de Cantabria y la de la Universidad Autónoma de Madrid, que cuenta con la cátedra de Oncología y Cuidados Paliativos que yo mismo dirijo.
-A la vista de las conclusiones de los peritos judiciales, ¿cree que se puede hablar de casos de eutanasia en las Urgencias del hospital de Leganés?
-No voy a contestar a esa cuestión, porque un médico no es nadie para juzgar las intenciones de otro médico. Se puede valorar la técnica y las condiciones éticas, que es lo que hemos hecho nosotros, pero no las intenciones, que quedan explicitadas a posteriori.
-Entonces, ¿qué es lo que cree que realmente sucedía en el Servicio de Urgencias?
-No lo sé, eso es precisamente lo que tiene que determinar ahora el juez.
-Tras conocer los resultados del informe, ¿cómo cree que será la sentencia?
-Lo desconozco, pero el informe del Colegio de Médicos sí ha dejado una cosa clara: los pseudocorporativismos por motivos políticos sólo llevan a degradar al conjunto de la profesión médica y la atención que se dispensa a los pacientes en el Hospital Severo Ochoa. Si lo que queremos es dignificar nuestra profesión y a los profesionales de Leganés, lo que hay que hacer es lo contrario, hay que esclarecer lo que sucedió en el Servicio de Urgencias.
-¿Cómo valora las declaraciones del ex jefe de Urgencias del hospital de Leganés, Luis Montes, que ha asegurado que no se arrepiente de nada?
-Bueno, ¿qué va a decir? Yo eso no puedo valorarlo. A Luis Montes no lo conozco, no he cruzado una palabra con él en mi vida, así que no puedo opinar. Si lo hiciera, estaría cayendo en lo mismo que yo critico de los políticos.
(La Razón, 5 de junio de 2006)