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La Organización Médica Colegial avala el rigor del informe que denuncia anomalías en Leganés PDF Imprimir E-mail

La entidad que agrupa a los colegios oficiales de facultativos de las 52 provincias y ciudades autónomas españolas, la Organización Médica Colegial (OMC), avala el informe de los 11 peritos nombrados por la presidenta del Colegio de Madrid, Juliana Fariña. El documento, encargado por el juez del juzgado número 7 de Leganés, que revela que se produjo «mala práctica» en la atención a un total de 34 pacientes, ha sido tachado de «injusto» e «incompleto» por parte de la oposición madrileña, del Partido Socialista, y la propia ministra de Sanidad le ha restado importancia, al asegurar que si lo hubieran elaborado otros 11 profesionales, el resultado habría sido distinto.

Sin embargo, el presidente de la OMC, el doctor Isacio Siguero, ya ha enviado una nota para felicitar a Fariña y a los 11 facultativos por un trabajo que considera «riguroso, profesional e independiente». Siguero, además, propondrá hoy, en la reunión de la Comisión Permanente de la OMC, emitir un comunicado conjunto de apoyo a los médicos nombrados por Fariña.

«Plena confianza».

«La polémica desatada el año pasado por todo este asunto coincidió con mi toma de posesión como presidente de los Colegios de Médicos. En ese momento me preguntaron mi opinión y lo único que hice fue depositar mi confianza en quien tenía la competencia para resolverlo: el Colegio de Médicos de Madrid. Ahora han demostrado que tenía razón, con el trabajo de unos profesionales de una gran talla», explicó Siguero ayer a este periódico.

El máximo responsable de la OMC no quiso entrar, sin embargo, a opinar sobre las críticas al informe y aconsejó esperar a que los tribunales se pronuncien, porque «tenemos que confiar en nuestros jueces y en el estado de derecho». No quiso, por tanto, pronunciarse acerca de la dimisión del ex presidente de la Comisión Deontológica del Colegio de Médicos de Madrid, Miguel Casares, quien dejó su cargo la semana pasada por encontrarse en desacuerdo con las conclusiones del informe. Precisamente Casares fue el médico que en el año 2003 investigó por primera vez las presuntas irregularidades en las Urgencias del Severo Ochoa de Leganés, aunque para hacerlo no estudió las historias clínicas. En aquella ocasión no encontró indicios de anomalías en el servicio y Montes siguió en su puesto.

Siguero respaldó, sin embargo, la independencia de los 11 peritos y aseguró que «siempre hay gente que critica lo que no le gusta». A su juicio, es necesario «despolitizar este asunto» y dejarlo exclusivamente en manos de la Justicia. Sólo se pronunció sobre las declaraciones del secretario general del Partido Socialista de Madrid, Rafael Simancas, que considera el informe incompleto y parcial. Algo inaceptable para el máximo representante de la profesión médica, que se preguntó «¿qué sabe el señor Simancas sobre medicina?» y reiteró que «el informe es profesional y riguroso, y difícilmente se podría haber hecho con más independencia».

Siguero admitió que «no es tarea fácil, es muy delicado juzgar el trabajo de otros médicos», pero afirmó tener «plena confianza en la ética y la independencia de los 11 peritos». De ellos dijo, además, que le consta que son «muy escrupulosos» y que posiblemente hayan tenido que dedicar mucho tiempo «a ponerse de acuerdo sobre todos los casos para que el informe fuera lo más limpio posible». Ya en julio del año pasado, en la primera entrevista concedida como presidente de la OMC, a LA RAZÓN, Siguero eludía pronunciarse sobre la decisión de destituir al coordinador de Urgencias, Luis Montes, por parte de la Consejería de Sanidad y Consumo de la Comunidad de Madrid.

En manos de la Justicia.

Pero señalaba que «cuando lo han hecho, es por algo». Hoy el responsable de los colegios de médicos sostiene la misma opinión y considera que «cuando el río suena, agua lleva», aunque respalda la presunción de inocencia de los médicos implicados y asegura que es el juez quien tiene que fallar si realmente se han dado casos de «mala praxis».

Para Siguero, la decisión del juez de encargar el informe a una comisión de médicos «de distintos hospitales y especialidades relacionadas» no ha podido ser más acertada. «Los médicos y los colegios estamos ahí. Una de nuestras razones de ser es velar por el cumplimiento de la buena práctica médica».

Y es que del escándalo de las presuntas sedaciones anómalas en las Urgencias del Severo Ochoa, Siguero considera que la imagen de la profesión que él representa no ha salido perjudicada, sino todo lo contrario. «Lo mejor es que no pase nada, que no se produzca ninguna irregularidad. Pero también es bueno saber que hay organismos que nos encargamos de vigilar el buen funcionamiento de la profesión».

En su opinión, «la buena imagen del médico se mantiene si colaboramos para mejorar la calidad de la asistencia y para ayudar a los tribunales», por eso «el juez sabe muy bien a quién solicitar el informe».

El apoyo de siete colegios.

El espaldarazo del presidente de la OMC coincide con el apoyo recibido por los representantes de siete colegios de médicos, que han expresado en un escrito su aval al trabajo de los 11 facultativos nombrados por Fariña. Se trata de los presidentes de los médicos de Granada, La Coruña, La Rioja, Cádiz, Cáceres, Asturias y Guipúzcoa, que han enviado un comunicado al colegio madrileño. A su juicio, «el exhaustivo informe elaborado durante tres meses con los datos extraídos de las 73 historias clínicas enviadas por el juez refuerza el valor de los colegios» y ofrece «una opinión objetiva, recta y estrictamente profesional».

«Es preciso felicitar al Colegio de Madrid por su labor», aseguran los presidentes, para quienes «el papel jugado en esta crisis por la corporación que preside la doctora Juliana Fariña está siendo sencillamente ejemplar».

Y la consideran ejemplar porque «El Colegio y su presidenta se han mantenido firmes en su obligación de llegar hasta el final en el conocimiento de las causas y circunstancias que llevaron a la muerte a 73 personas, pese a la estridente algarabía montada por determinados sectores sociales y -lamentablemente- también profesionales».

(La Razón, 14 de junio de 2006)

 
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