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Historia de una sospecha: Cinco informes hallan anomalías en el Severo Ochoa PDF Imprimir E-mail

Está en manos del juez reconstruir qué fue lo que ocurrió, pero todo parece indicar que desde el año 2002, algo fallaba en el Severo Ochoa. Fue en el seno del propio hospital donde se descubrieron los primeros indicios de que algo anómalo sucedía. «En julio de 2002, la Gerencia del hospital recibe una notificación de la Dirección General en la que se comunica que ha recibido una anónimo en el que se denuncia el aumento de exitus [muertes] en la Urgencia y el aumento de consumo de cloruro mórfico y tranxilium en dicha unidad». Este hecho, así resumido en el primer informe, fue el desencadenante del proceso posterior.

Comisión de Mortalidad.
La Comisión de Mortalidad del hospital fue la encargada de recopilar los datos para el primer informe. Del análisis de 42 historias clínicas de pacientes sedados, la comisión concluyó que en el 51 por ciento de los casos la sedación no había sido adecuada. En el 24 por ciento de los casos, la indicación era dudosa y, de ellos, a un 85 por ciento de los pacientes se le había administrado una «dosis excesiva». Con estos datos en la mano, la Gerencia del hospital se entrevista con el coordinador de la unidad, Luis Montes. Le comunica «la sospecha de mala praxis e indicios de prácticas no legales (eutanasia)». Como resultado, solicitan una nueva auditoría, esta vez al Comité de Ética de un hospital del sur de Madrid, el de Getafe, que se llevó a cabo en 2003. Al cargo, Miguel Casares (el hoy dimitido responsable de Deontología del Colegio de Médicos de Madrid), amigo de Montes. La investigación, consistente en un cuestionario enviado al coordinador, no revela irregularidades y el asunto queda silenciado.

Fue el 9 de marzo de 2005 cuando una asociación de pacientes, la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid y el Ministerio de Sanidad recibieron una nueva denuncia anónima. El comunicado hablaba de «homicidios» y de irregularidades en hasta 400 historias clínicas. Los tres remitieron la información a la Fiscalía de Madrid. Pero la competencia era de la Consejería que dirige Manuel Lamela. Fue, por tanto, el consejero fue el encargado de tomar las primeras medidas: el polémico relevo de Montes como coordinador, ya que se trataba de un cargo de confianza, y la primera investigación. A cargo, inspectores médicos de la Comunidad. El informe se hizo público 10 días después de la denuncia y reveló que en 151 de las historias de los 339 pacientes terminales fallecidos en el período analizado se produjeron anomalías. En algunos casos, las dosis de midazolán o tranxilium no se ajustaban al protocolo; en otros, los familiares no dieron su consentimiento para la sedación.

Pero el consejero necesitaba un respaldo mayor. Si bien en los primeros días desde que se conoció la denuncia anónima recibió el apoyo de su partido, de los sindicatos, el visto bueno del Ministerio y reclamaciones de la oposición para que siguiera investigando, unas semanas más tarde los apoyos se tornaron en críticas. Le acusaron de precipitación en el relevo de Montes. Así que Lamela, a recomendación del Consejo Superior de Sanidad de la Comunidad, decidió encargar un exhaustivo informe a un grupo de reputados expertos, entre los que se encontraban los oncólogos Manuel González Barón y Hernán Cortés- Funes y el anestesista Francisco López Timoneda. Estudiaron 169 casos sospechosos (los 151 que detectaron los inspectores más casos que no se habían estudiado o que eran dudosos) y concluyeron que 73 pacientes fallecieron como consecuencia de una sedación irregular. En concreto, aseguraron que en 39 casos los medicamentos empleados no estaban indicados y, en otros 34, la sedación se llevó a cabo de forma inadecuada.

Aunque el más polémico de los informes elaborados hasta ahora fue el de la Clínica Médico Forense de Madrid, presentado dos meses después que el de los médicos nombrados por Lamela. El fiscal jefe de Madrid, Manuel Moix, fue el que encargó analizar 13 de las historias clínicas más sospechosas. El estudio aseguraba que no se podía concluir «de modo inequívoco que la causa del fallecimiento haya sido de modo directo y exclusivo por la sedación». Sin embargo, una de las autoras del estudio, la doctora Carmen Baladía, directora del Instituto Anatómico Forense y una de las mayores especialistas de España (dirigió las identificaciones de víctimas del 11-M), denunció la «manipulación» que se había hecho de un caso analizado por ella. Se trataba de una mujer de 69 años en cuyo tratamiento Baladía había detectado fallos. A juicio de la doctora, manipularon sus conclusiones, cuando a un informe forense «no se le puede cambiar una coma».

El Colegio de Médicos.
El caso quedó en manos del juzgado de instrucción y primera instancia número 7 de Leganés. El juez recibió todos los informes anteriores y decidió pedir un último estudio «no de parte». Para ello, el pasado marzo, encargó a la presidenta del Colegio de Médicos de Madrid, Juliana Fariña, que nombrara una comisión para analizar las 73 historias con irregularidades detectadas. Los 11 peritos concluyeron que en 34 casos se produjo «mala práctica médica» en la sedación. En cuatro casos estaba expresamente «contraindicada». A otros 20 pacientes se les sedó a pesar de encontrarse en coma profundo y 10 más fueron sedados pese a no tener síntomas.

Ahora es al juez de Leganés a quien le toca mover ficha.

(La Razón, 17 de junio de 2006)

 
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