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El juez imputará a los autores de otras 11 sedaciones irregulares en el Severo Ochoa PDF Imprimir E-mail

Hay imputados. Será el gerente del hospital Severo Ochoa de Leganés el que, para evitar cualquier confusión, identifique el nombre de los médicos implicados en 15 de las presuntas sedaciones irregulares. El magistrado del Juzgado de Instrucción y Primera Instancia número 7 de Leganés dictó ayer un auto en el que solicita dicha información en el plazo de 10 días. Con las identidades requeridas y las declaraciones posteriores, el juez pretende esclarecer si hubo delito o no.

De momento, acudirán a la sala, en calidad de imputados, los facultativos que participaron en la sedación expresamente «contraindicada» de cuatro pacientes, tal y como reclamó el fiscal. Pero también tendrán que hacerlo los que prescribieron dosis excesivas de medicamentos a otros 11 enfermos en los que la sedación no estaba indicada. Se trata, por tanto, de 15 historias médicas; 15 pacientes en los que la actuación de los doctores es dudosa hasta el punto de que cabe la posibilidad de que hayan incurrido en un delito penal.

Nuevos testigos.

«La decisión del juez da un giro al caso. Si hay imputados, habrá que llamar a declarar a algunos testigos», asevera José María Vendrell, abogado de Ausbanc. La petición del juez ha estado propiciada por la solicitud del fiscal, que pidió que declararan los responsables de los cuatro casos más irregulares. «No obstante, la actuación del fiscal es y ha sido dudosa desde el principio», revela uno de los abogados del caso. ¿Por qué? «Porque no ha adoptado ninguna decisión beneficiosa hasta que no ha visto que el juez tenía intención de imputar a los médicos. Si llega a ser por él, no lo hace. Pero tenía que adelantarse, si no su manera de actuar no estaría justificada», apostilla.

Otra de las personas a las que el juez llamará, previsiblemente y según uno de los letrados, para declarar es la enfermera a la que se ordenó suministrar en bolo (directamente en sangre) 150 miligramos de midazolán a un paciente que después falleció, hecho que, según uno de los peritos, pudo provocar la muerte de la mujer. «Si confirma que lo suministró como estaba prescrito se confirmará, posiblemente, la causa-efecto», asegura uno de los letrados.

Otro de los puntos en los que se detiene el auto dictado por el juez se refiere a las presuntas sedaciones irregulares anteriores al periodo estudiado, las correspondientes a 2002 y principios de 2003, que no aparecen en el informe pericial del Colegio de Médicos de Madrid. Las primeras anomalías en el servicio fueron denunciadas en el año 2002 y, sin embargo, las sedaciones de esos años no han sido estudiadas.

La Asociación de Víctimas de Negligencias Médicas (Avinesa) solicitó que se analizaran. Y el juez ha accedido a que así se haga, aunque no dentro de la misma causa. El auto dictado ordena abrir una nueva investigación sobre estos casos. Asegura que los hechos «punibles y perseguibles» de oficio han de remitirse al Decanato de los Juzgados para su reparto por no poderse predicar ningún tipo de conexión con las presentes diligencias.

(La Razón, 22 de junio de 2006)

 
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