ABC. Cartas al Director, 10 de febrero de 2007

La ministra de Sanidad, Elena Salgado, reconoció en el Congreso que no existe una demanda mayoritaria de los ciudadanos para regular la eutanasia y que, por tanto, el Gobierno no tiene la intención de cambiar el marco legal vigente. Aunque el Gobierno no se distingue, precisamente, por estar atento al clamor popular en otras materias que afectan a la defensa de la vida, es de agradecer que en este caso, adopte una actitud de sensatez y que, incluso, considere que la eutanasia «es una cuestión delicada y compleja que conlleva consecuencias morales, jurídicas y sanitarias». De todas formas, está justificado el escepticismo sobre los proyectos del Gobierno en esta materia, porque otras iniciativas legislativas no han tenido en cuenta la demanda social mayoritaria, ni los problemas morales implicados, por ejemplo la norma que anula de hecho el matrimonio natural, o la que permite la clonación de embriones. Un Gobierno que tenga como norte el bien común, tiene el deber ineludible de respetar los derechos humanos por encima de lo que puedan decir las estadísticas en un momento dado. No se puede legislar a golpe de sondeo, porque el bien moral debe ser una base previa a la acción política y jurídica. Este es uno de los aspectos más críticos, cara al futuro, que deben abordar las democracias avanzadas de occidente. El bien de la familia basada en el matrimonio, la defensa de la vida humana en cualquier circunstancia, y la salvaguarda de la libertad religiosa y de la libertad de educación, deben estar al resguardo de modas ideológicas y cambios de gobierno. Son pilares básicos que saldrán gravemente dañados de la legislatura de Rodríguez Zapatero.

Teresa Rodrigo Contreras

Madrid