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(La Razón, 13 de marzo de 2007)

La Asociación Jueces para la Democracia (JpD) se ha sumado a la campaña de distintos sectores que abogan por despenalizar la eutanasia, sobre todo a raíz de los fallecimientos de una mujer en Granada y otra en Alicante, por lo que solicita que se lleven a cabo las pertinentes reformas legislativas, dado que existe un «vacío legal que no da respuesta a los numerosos interrogantes éticos y jurídicos que la ciudadanía plantea» en este tema. Estos jueces parten de la premisa de considerar que el derecho a la vida «no siempre puede considerarse inviolable, sino que es susceptible de ponderación cuando entra en colisión con otros intereses, pues la vida no es ajena a su cualidad de vida libre, digna, personal y querida por su titular».
   JpD sostiene que es necesario reformar el Código Penal en lo relativo a la eutanasia, dentro de un marco de «dignidad y libre voluntad de la persona», que debe partir de que «la petición expresa y seria de morir de un ser humano ha de ser atendida, de forma que su consideración ha de sobreponerse a cualquier valoración positiva que pueda merecer la continuidad de su vida».
   Una vez atendida la «libertad del sujeto», JpD alude a que, en segundo lugar, «habrá de asegurarse la libertad con que ésta es emitida» y, en tercer lugar, «no cabrá la suplantación de la voluntad del paciente». Esa «voluntad» deberá ser emitida, con carácter general, «por persona libre y plenamente responsable, de manera expresa, fehaciente y actual, y ante la presencia de, al menos, dos testigos que, en ningún caso, puedan ser beneficiarios de la muerte o continuidad de la vida».
   Sobre la actividad médica en pacientes que buscan «liberarse del padecimiento insufrible y que no puede aliviarse» al estar en situaciones concretas, la asociación sostiene que «los límites del deber de tratamiento no pueden estar determinados sólo por las posibilidades técnicas del mantenimiento de la vida». Por contra, añade, «ha de fundamentarse en una finalidad curativa, incompatible con estados irracionales y degradantes de mantenimiento y prolongación de la existencia».
   Por ello, JpD defiende que «la decisión de poner término a la supervivencia artificial de un coma irreversible deberá carecer de relevancia penal», es decir, quedar impune. Así, concluye que debe propiciarse un «debate social» y que el legislador debe asumir la «necesidad» de reformar una legislación «restrictiva», «a fin de reconocer la existencia del derecho a la disponibilidad de la propia vida, con las condiciones y cautelas que se requieran».