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Un derecho a decidir libremente PDF Imprimir E-mail
(Revista Médica, Junio de 2007, nº 77)

Registro de últimas voluntades, testamentos vitales, consentimientos informados... Varias denominaciones para un controvertido asunto: el fin voluntario de la vida ante situaciones de enfermedad especialmente dolorosa. Los profesionales de la medicina se encuentran frente a decisiones que en muchas ocasiones atentan contra su ética y cada vez más sienten la necesidad de regular este problema. El Ministerio de Sanidad ha anunciado la creación de un registro nacional de voluntades anticipadas. La Organización Médica Colegial (OMC), que no es ajena a esta situación, organizó la jornada “La Profesión Médica ante el debate social de la eutanasia”, donde los profesionales allí congregados manifestaron su opinión sobre la eutanasia.

El Título I de la Constitución Española, dedicado a los derechos y deberes fundamentales, establece como fundamento del orden político y la paz social, entre otros, la dignidad de la persona, reconociendo en su artículo 23 el derecho a la protección de la salud. Éste es uno de los argumentos utilizados por el presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, en la exposición de motivos de la Ley 5/2003 de 9 de octubre, de declaración de voluntad vital anticipada de esta comunidad.

Bajo el término de voluntad anticipada o testamento vital se entienden todas aquellas normativas que prevén que una persona mayor de edad, capaz y libre, establezca de antemano su voluntad, por si llegado el momento final de su vida no pudiera hacerlo. Un documento de voluntades anticipadas es vital para señalar las creencias particulares o los deseos de mantener una conciencia lúcida a pesar del dolor.

El papel de las comunidades

Las comunidades autónomas juegan un papel fundamental en este asunto. La Ley Básica de Autonomía del Paciente, en vigor desde el año 2003, es una normativa de bases que establece unos mínimos obligatorios que deben respetar y asumir todas las comunidades, no sólo en lo referente a las voluntades informadas, sino también en cuanto al consentimiento informado y a la historia clínica. Algunas autonomías como Andalucía, Aragón, Cataluña, Galicia, Valencia, Navarra y País Vasco ya han desarrollado, a partir de la Ley, sus propias competencias al respecto.

La función principal del Registro es dar a conocer al equipo sanitario la existencia del documento de voluntades anticipadas, a fin de aplicarlo al adoptar cualquier decisión clínica respecto a él. Dada la importancia de estos registros, hace unos meses el Ministerio de Sanidad y Consumo hizo pública la decisión de crear un registro nacional, de tal modo que el profesional médico pudiera conocer la voluntad del paciente, sea éste de la comunidad que sea.

En Castilla-La Mancha, al igual que en otras, es dependiente de la Consejería de Sanidad y ha sido creado para la constancia y custodia de las declaraciones emitidas en el territorio o por residentes de la comunidad, así como para el acceso a las mismas. Se coordinará con el Registro Nacional de Instrucciones Previas para asegurar así la eficacia de las declaraciones en todo el territorio nacional.
Para elaborar una declaración de este tipo, es indispensable que los pacientes conozcan su estado de salud, el previsible curso de su enfermedad, las complicaciones que puedan aparecer y las diferentes opciones terapéuticas, las posibilidades de supervivencia y recuperación, así como las decisiones que se tomen y sus consecuencias. Asimismo, es aconsejable que los profesionales sanitarios informen a sus enfermos de la ayuda que la declaración de voluntades anticipadas les puede suponer en situaciones críticas o de enfermedad terminal.

Cuestiones éticas

Hace varios años que se ha suscitado en España el debate sobre el derecho a morir dignamente y sobre la autonomía de los pacientes para poder decidir, en situaciones límite, sobre el destino de su propia vida y sobre los tratamientos de soporte vital que les deben -o no- ser aplicados. La gran mayoría de países ha desarrollado también y en simultáneo programas de cuidados paliativos para enfermos terminales, con el objetivo de eliminar el sufrimiento y el dolor de los pacientes a la hora de enfrentar las situaciones extremas de su enfermedad y su muerte.

Desde la OMC, como manifiesta Rogelio Altisent, presidente de la Comisión Deontológica OMC, se organizó el encuentro La Profesión Médica ante el debate social de la eutanasia, con el objeto de que se escuchara la opinión médica en un contexto asistencial, no desde un punto de vista filosófico que no responde a la realidad. En su opinión, hay que preguntarse por qué se pide la eutanasia y, según se desprendió del encuentro, estas peticiones son escasas cuando el paciente está bien atendido.

Para el catedrático de Historia de la Medicina de la Universidad Complutense de Madrid, Diego Gracia Guillén, ya no hay argumentos nuevos en defensa de la eutanasia y el desarrollo de los cuidados paliativos está dando respuesta a los casos problemáticos ordinarios, quedando algunos pacientes con enfermedades degenerativas neurológicas que son los que plantean las situaciones excepcionales donde se discute la eutanasia. Jacinto Bátiz, jefe de la Unidad de Cuidados Paliativos del Hospital San Juan de Dios de Santurce, Vizcaya, "para la medicina paliativa el fracaso no radica en la muerte, sino en la presencia de sufrimientos que podrían haberse aliviado".

El vicepresidente de la Organización Médica Colegial, Jesús Aguirre, ha manifestado que la profesión médica considera prioritario e irrenunciable que en España se alcance la universalización de los programas de cuidados paliativos. Altisent denuncia que aún hoy existen zonas sin acceso a unidades de cuidados paliativos, aunque reconoce que en los últimos años las administraciones se han preocupado mucho por solucionar estas carencias. "El debate ha puesto sobre la mesa estos déficits asistenciales".

En su opinión, la medicina paliativa es la más económica, ya que no requiere de grandes inversiones en tecnología. "En la actualidad -destaca-, estamos en la etapa de hacer control de calidad en la medicina paliativa".

Para Aguirre también es importante clarificar los conceptos para diferenciar la eutanasia del derecho a renunciar a un tratamiento desproporcionado, así como los tratamientos analgésicos que pudieran tener como efecto secundario no deseado un acortamiento de la vida y la sedación paliativa, estando todas estas respuestas contempladas en el Código de Ética y Deontología Médica.

Las llamadas "potenciales consecuencias" por el vicepresidente de la OMC de una despenalización de la eutanasia también fueron puestas de manifiesto. Algunas de éstas son la coacción sobre los pacientes más frágiles, el deterioro de la confianza en la relación médico-paciente y el descuido de la formación de tratamientos paliativos.
 
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