(Diario Médico, 3 de octubre de 2007)
La estupenda
entrevista de Carmen Fernández a Daniel Callahan nos coloca frente a la
polémica sobre la limitación de recursos para los ancianos en función de la
edad. Las atrevidas ideas de Callahan ya son antiguas y no han variado. Aunque
si es verdad que ahora introduce la edad de 80 años como referencia de
"vida plena", un momento en el que, viene a decir, ya está todo el
pescado vendido, Defiende con rotundidad que estaría justificado introducir el
factor edad, por si solo, para decidir la limitación de prestaciones
sanitarias. El argumento fundamental de Callahan sería el de justicia,
afirmando que dado el progresivo incremento de la población anciana la
desviación de recursos sería desproporcionado, en detrimento de los jóvenes que
al fin y al cabo son quienes están financiando la sanidad.
En España esto nos
plantearía un serio problema deontológico si tenemos en cuenta que el Código de
Ética y Deontología Médica establece que (Art.4.2.) "el médico debe
atender con la misma diligencia y solicitud a todos los pacientes, sin
discriminación alguna". Lo cual no significa ignorar el principio de
justicia pues en el Código también se afirma (Art.6. 1.): "El médico ha de
ser consciente de sus deberes profesionales para con la comunidad. Está
obligado a procurar la mayor eficacia de su trabajo y el rendimiento óptimo de
los medios que la sociedad pone a su disposición". Pero en ningún momento
se menciona el criterio de la edad.
Es bien cierto que
en algunos casos llegaríamos a las mismas conclusiones por diferentes caminos.
Por ejemplo, a la hora de decidir una intervención de cirugía cardiaca en
paciente de edad muy avanzada, podríamos concluir que no está indicada, pero no
por la edad, sino en razón del pronóstico. La medicina debe aplicarse
utilizando el sentido común, lo cual nos obliga a poner en la balanza diversos
factores: las probabilidades de curación, la esperanza de vida, el bienestar y
las preferencias del paciente, y también los recursos disponibles. Pero brindar
a la administración sanitaria la edad como punto de corte para decidir
prestaciones sanitarias supone abrir la puerta a una discriminación injusta de
consecuencias imprevisibles, es lo que se denomina "ageismo".
También me parece
éticamente débil el discurso por el que Callahan critica cómo los sistemas
sanitarios están sostenidos por las generaciones jóvenes mientras los
principales consumidores de recursos son las clases pasivas. A esto nosotros lo
llamamos Estado Social de Derecho que por ahora tiene un fundamento ético más
sólido que el Estado Liberal y la aplicación del libre mercado a la asistencia
sanitaria. Se trata de entender lo que significa la solidaridad
intergeneracional, es decir, las generaciones jóvenes tienen un bienestar que
en el fondo deben a sus padres y a sus abuelos, y no sería éticamente aceptable
retirarles prestaciones cuando ya no pueden ir a votar.
Pienso que hay casos de discriminación, positiva o
negativa, que pueden justificarse en determinadas circunstancias, por ejemplo
para proteger a los más débiles, pero nunca para perjudicarles.
Rogelio Altisent (Presidente de la Comisión Deontológica de la OMC)