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Diez años de suicidio asistido en Oregón PDF Imprimir E-mail
(Diario Médico, 19 de noviembre de 2007)

Según la página web del Estado de Oregón, al noroeste del país, éste es uno de los enclaves predilectos de Estados Unidos por la belleza de sus árboles de hojas caducas. Puede ser una apreciación discutible; sin embargo, hay una cosa en la que Orcgón resulta inigualable cuando hablamos de paisajes de naturaleza muerta: tiene una ley que permite a los médicos ayudar a que la gente acabe con su vida.
Este mes se cumple el décimo aniversario de la ley estatal de suicidio asistido médicamente. Aunque la Ley de Muerte Digna de Oregón fue aprobada por los votantes del Estado en 1994, no se hizo operativa hasta noviembre de 1997, Los primeros suicidios asistidos legalmente comenzaron a principios de 1998. Según el Departamento de Servicios Humanos de Oregón, que supervisa el cumplimiento de la ley, en los nueve años transcurridos entre 1998 y 2006 se han prodUddo 292 muertes.
En los cuatro primeros años, de 1998 a 2001, hubo 91 muertes, unas 23 al año. En los cinco años siguientes, hasta 2006, se produjeran 201 muertes, es decir, 40 al año. En 2006 se produjeron 46 muertes y un total de 40 médicos prescribieron 65 dosis mortales de diversos medicamentos. Actualmente, uno de cada 700 fallecimientos en Oregón se produce bajo la fórmula del suicidio asistido.
¿Por qué estos ciudadanos terminan con sus vidas? Aunque los defensores del suicidio asistido argumentaron que la primera razón para legalizarlo era el dolor físico incontrolable, hemos sabido con el tiempo que el dolor no ha sido la principal razón por la que los ciudadanos han escogido esta fónnula. El propio movimiento a favor del suicidio asistido reconoce que ésta no es la razón principal para tomar la decisión.
De todas formas, la llegada de la "muerte digna" a este Estado no le ha convertido precisamente en un paraíso de la salud. La organización nacional Last Acts publicó un informe en noviembre de 2002 sobre los cuidados paliativos en varios Estados y a Oregón se le otorgaba un deficiente en centros geriátricos y un insuficiente en programas de cuidados paliativos. Después de los primeros cuatro años de aplicación de la ley, la Facultad de Medicina de la Universidad de Oregón publicó otro informe en el que se demostraba que los pacientes morían con el doble de dolores agudos o moderados que antes de la entrada en vigor de la norma.
Una vez que un paciente ya ha decidido poner fin a su vida existen menos incentivos en el sistema sanitario para preocuparse por sus síntomas y sus necesidades. Un informe publicado en The American Journal of Psychiatry en 2005 relataba el caso de un paciente con cáncer de pulmón y aquejado de depresión que había sido ingresado
en una unidad psiquiátrica de un hospital. Cuando se le dio el alta, uno de los médicos de cuidados paliativos recomendó que se le proporcionase un asistente para su acompañamiento en casa; sin embargo, esta recomendación servía más bien de poco, ya que al paciente se le había prescrito una medicación para ayudarle a terminar con su vida en su propia casa. Su médico no hizo nada por su dolor ni por sus necesidades paliativas, pero sí se ofreció a sentarse a su lado mientras tomaba la sobredosis prescrita.

Desigualdades sanitarias
Lo que para unos legitima el suicidio puede ser un verdadero peligro para otros. La asistencia médica gratuita en Oregón cubre el coste del suicidio asistido, pero no el coste de un tratamiento médico curativo o local para pacientes con cáncer, incluso aunque determinados tratamientos puedan prolongar su vida. En 2003 la asistencia médica gratuita dejó de pagarles los medicamentos a 10.000 ciudadanos
bajo el umbral de la pobreza en todo el Estado; entre estos pacientes se incluían portadores del virus del VIH, gente a la espera de trasplantes de médula ósea o con necesidades de atención psiquiátrica. En 2004 y durante la primera mitad de 2005, a 75.000 ciudadanos más se les recortaron determinados servicios sanitarios para poder mantener equilibrado el presupuesto estatal.
Algunas de las exigencias legales para poder acogerse a la ley de suicidio asistido son: ser residente del Estado de Oregón, ser mentalmente apto, haber sido diagnosticado con una enfermedad terminal que conducirá a la muerte en un plazo de seis meses y que la medicación prescrita por el médico sea autoadministrada. Como era previsible, estas reglas no se están cumpliendo. En cualquier caso, no hay ninguna protección para los enfermos psiquiátricos ni para los que sufren depresiones. De hecho, en los últimos años, sólo el 5 por ciento de los fallecidos han tenido acceso a una consulta de salud mental. En 2006 sólo dos de los 46 pacientes que murieron bajo esta fórmula fueron remitidos a una de estas consultas para su evaluación psiquiátrica, y eso incluso sabiendo que la depresión es la causa más común de las tendencias suicidas.
También se han publicado casos en los que gente diagnosticada con demencia por un psiquiatra recibe una prescripción médica para acceder a los medicamentos mortales. Por otra parte, aunque se supone que dichos medicamentos deben ser ingeridos libremente por el propio paciente, existen reportajes periodísticos de casos donde se demuestra que dicha regla no se cumple. Algunos de estos informes hablan de pacientes cuya medicación entró en su cuerpo a través de una sonda alimenticia directamente al estómago, puesta ahí con el único objetivo de administrar dicha dosis mortal.
Muchos médicos prescriben medicamentos mortales a sus pacientes sin preocuparse por ellos. Peter Rasmussen, por ejemplo, ha admitido que al 75 por ciento de los pacientes que acuden a él para acogerse al suicidio asistido no les ha visto antes.
Después de las dos holgadas mayorías que la legalización de este tipo de prácticas han obtenido tanto en 1994 como en 1997, es improbable que Oregón rechace el suicidio asistido en un futuro próximo. Sin embargo, el Estado ha fallado a la hora de servir de modelo para extenderlo a otros lugares. De acuerdo con su ubicación geográfica, Oregón parece una anomalía aislada en la legalización del suicidio asistido. Los referendos sobre leyes similares que se han llevado a cabo en Alaska, Arizona, California, Hawai, Maine, Michigan, Washington y Wisconsin no han salido adelante. El fracaso de estas iniciativas también se ha extendido al otro lado del Atlántico y la Cámara de los Lores británica rechazó una propuesta similar en 2006.
¿Por qué no han salido adelante estos proyectos de ley? Probablemente se deba a la preocupación de una amplia coalición de profesionales de la asistencia médica, trabajadores de centros geriátricos, abogados y líderes religiosos y éticos que se han opuesto enérgicamente a la legalización del suicidio asistido en todas esas jurisdicciones políticas.
Estos colectivos se muestran preocupados por la imposibilidad de contener el suicidio asistido una vez que se pone en marcha; por las desigualdades en materia económica y de acceso a la asistencia médica que se reflejan en la sociedad. Como se demuestra en el caso de Oregón, los límites que se le ponen a una ley de este tipo terminan siendo desatendidos.

Kenneth R. Stevens Jr.
Presidente de la Fundación Physicians for Compassionate Care Education, en Portland.
 
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