Se regatean tratamientos a pacientes ancianos por razones económicas
(Provida Press, 1 de febrero de 2008)Un estudio realizado por el “International Longevity Centre”, muestra que las normas para el tratamiento de los ancianos emitidas por el “National Institute for Health and Clinical Excellence” han creado importantes dudas éticas a los profesionales médicos sobre la posibilidad de administrar determinados fármacos a pacientes ancianos, con repercusiones importantes sobre su salud. En el referido estudio se indica que por razones económicas se están lesionando los derechos humanos de las personas mayores, pues “prescribir los fármacos de acuerdo con criterios de coste-enfermedad puede ser opuesto a los criterios que se basan en los derechos de los pacientes. Estas decisiones pueden conducir a los pacientes a que su salud se deteriore antes de que se le prescriba el fármaco, como es el caso del “Aricept” (donepecil), que se utiliza en los pacientes demenciados”.
El informe insta a las autoridades nacionales a que controlen los tratamientos que se dan en los centros privados para asegurar su idoneidad, que ahora están controlados únicamente por las autoridades locales. El presidente del Instituto Británico de Derechos Humanos, Frances Butler, ha urgido a que se tomen las medidas de control adecuadas, ya que según él, “esto es un serio problema pues nueve de cada diez casas de reposo que acogen ancianos están administradas por compañías privadas o por organismos de caridad”. Ms Butler sigue afirmando que los enfermos “difícilmente pueden proteger sus más elementales derechos humanos” (Human Rights in an Agein Word: Perspectives from Around the World / www.ilcuk.org.ok).