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Un comité nacional de bioética rechazable PDF Imprimir E-mail
(Diario Médico, 29 de febrero de 2008)

El término "bioética rechazable" se suele reservar para definir las acciones que, en el ámbito de sanidad, no sólo se muestran como carentes de una ética de referencia, sino que aparecen como condenables por la sociedad, al demostrarse contrarias al bien común y a los intereses de los ciudadanos.

Dentro de este marco se encuadrarían todas las actuaciones que, por su intención o como resultado propio, se muestran destinadas a engañar o a crear confusión en personas particulares o, lo que sería más grave, en la opinión pública, creando climas de opinión contrarios a la defensa de la salud.

La creación de un Comité de Bioética de España, tal como se propone en la nueva Ley de Biomedicina -publicada en el Boletín Oficial del Estado, de 4 de julio de 2007- parece encaminada a mostrar a la ciudadanía un claro ejemplo de "bioética rechazable".

En primer lugar, el análisis de la composición de los miembros de este comité que, según adelantó el ministro de Sanidad, Bernat Soria, reuniría "a los mejores expertos en los ámbitos médicos, científicos, jurídicos, etcétera" aparece ya en la ley como predestinado a ser un apéndice ideologizado del Gobierno, ya que la mitad de sus doce miembros son nombrados directamente desde instancias ministeriales, a las que evidentemente quedarán agradecidos por el honor concedido.

Teniendo en cuenta que el presidente de dicho comité será nombrado directamente por el Ministerio de Sanidad y que, en caso de divergencias al cincuenta por ciento con el resto de sus miembros (nombrados por diferentes comunidades), el voto de calidad del presidente decidirá las cuestiones en debate, puede decirse que, prácticamente, casi no sería necesario que se reunieran, ya que el resultado de las deliberaciones parece estar decidido de antemano.

Para configurar este comité podría haberse contado con miembros designados por las comisiones deontológicas de los colegios de médicos, con representantes de las asociaciones de bioética existentes a nivel nacional o autonómico, con cargos elegibles desde la universidad -donde existen cátedras y cursos de Máster en Bioética y de Derecho Sanitario de amplio prestigio-, o con especialistas nombrados por las asociaciones científicas más representativas del ámbito sanitario donde más frecuentemente surgen problemas de ética (Cuidados Paliativos, Reproducción Asistida, Atención Primaria, Ginecología y Obstetricia, etc.).

Sin embargo, desde el Ministerio de Sanidad se ha optado por la desconfianza hacia estos ámbitos y por la preferencia hacia nombramientos directos, cambiando la exigible independencia de este tipo de comités por el amiguismo de estómagos agradecidos, tan propio de épocas que creíamos ya superadas.

Cuando, después de formular y aprobar esta sesgada configuración del comité, se afirma que éste será "representativo de la sociedad", sólo puede pensarse que la mala conciencia de sus diseñadores intenta ahora la estratagema de que no se descubra, ocultando así la auténtica metodología de la elección.

Grandes cuestiones en juego
Toda esta cuestión carecería de importancia si sólo se quedara en un endogámico reparto de influencias, a lo que ya más o menos estamos acostumbrados. Sin embargo, la intencionalidad que se oculta detrás de estos nombramientos digito-dirigidos sí es preocupante, ya que, entre los temas que se destinarán a la decisión de este previsto "grupo de sabios" (de los que varios no tienen experiencia clínica) estarán los casos de petición de muerte "que no encajen en lo que se denomina limitación del esfuerzo terapéutico", es decir, las peticiones de eutanasia.

Así, al igual que ha sucedido con otros temas que afectan al respeto a la vida humana, la dinámica elegida para hacer aceptable la eutanasia a la opinión pública parece ser la de presentar casos extremos, mediáticamente dirigidos, que muevan a la compasión y en los que la decisión final será acorde con los intereses ideológicos previstos por el responsable del Ministerio de Sanidad.

Esta aceptación de la muerte provocada por razones compasivas, respaldada por un comité de supuestos expertos en ética, no será una medida inocente y sin consecuencias.

De hecho, una vez que la opción de la muerte provocada de modo asistido exista como un derecho legal, habrá presiones cada vez más fuertes para asegurar que los pacientes conozcan que tienen ese derecho, subrayando el deber de los médicos de informar a los enfermos a su cargo de las opciones que tienen en lo concerniente a su salud... y también respecto a su muerte.

De esta forma, no es aventurado suponer que los pacientes o ancianos en situación de vulnerabilidad entiendan esta información como un invitación a elegir ese camino y que, ante pacientes que no puedan elegir por sí mismos, los médicos se vean en la supuesta obligación moral de decidir por ellos, provocando su muerte, siempre con la buena intención de liberar de gravosas cargas a sus familiares y de evitar sufrimientos aparentemente inasumibles.

Se prescindiría así de la obligación de potenciar los costosos cuidados paliativos, ahora en expansión, y con todo ello se iría aceptando también la eutanasia involuntaria, que es un hecho extendido en Bélgica y Holanda, en los que esta cuestión ha sido despenalizada. En resumen, toda una lección de "bioética rechazable".

José Jara Rascón

 
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