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Jueces y fiscales progresistas irrumpen en el debate e instan a ampliar el aborto y la eutanasia PDF Imprimir E-mail
(ABC, 13 de noviembre de 2008)

Aborto, eutanasia y dependencia son las grandes inquietudes de las asociaciones profesionales Jueces para la Democracia y Unión Progresista de Fiscales, según se desprende de las conclusiones conjuntas que ayer hicieron públicas tras su reunión anual.

Sorprenden el tono eminentemente social y político de las propuestas finales del cónclave que acaban de celebrar. Sobre todo por el complicado panorama que en España rodea a todo lo relacionado con la Justicia. Problemas de calado como el colapso de unos juzgados que se encuentran sepultados bajo toneladas de archivos, la siempre retardada modernización de la Justicia, los interminables retrasos de los juicios, las movilizaciones de los secretarios judiciales, las constantes polémicas, con las cotas de aceptación social por los suelos y con el colectivo observado con lupa y permanentemente bajo sospecha de politización.

Por una ley de plazos

En medio de este huracán, lo único que desasosiega a estos colectivos autodenominados progresistas son el aborto y la eutanasia. Con sus opiniones irrumpen en unos debates eminentemente políticos. Tanto que, de hecho, están siendo ahora mismo o tratados en el Congreso, caso del aborto, o forman parte de la controversia social que ha pretendido encender el Gobierno, más concretamente su ministro de Sanidad, Bernat Soria, como ocurre con la muerte asistida.Entienden los jueces y fiscales que la actual ley del aborto «ha devenido insuficiente por la falta de seguridad jurídica, tanto para las mujeres como para los profesionales sanitarios». Así pues, consideran que «resulta necesaria una reforma que tome como punto de partida un sistema de plazos que sea respetuoso con el derecho de la mujer a decidir en las primeras semanas de embarazo, complementado con una reformulación de los supuestos actualmente previstos por la ley para así dar solución a casos justificados detectados fuera de plazo».Incluso, arremeten contra el derecho de los médicos a la objeción de conciencia. Al respecto, señalan: «Es inadmisible que invocaciones genéricas a la objeción de conciencia produzcan en la práctica como resultado que se acabe privando a las mujeres de su derecho de acceso a la sanidad pública». Para concluir «exigiendo que el sistema de sanidad pública garantice en todo el Estado la prestación sanitaria necesaria para la interrupción voluntaria del embarazo en los supuestos legales». En este sentido, el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos ya dejó clara su postura al respecto hace poco y se remitió a ella de nuevo: «No se debe discriminar a ningún profesional a causa de sus principios. Al médico le asiste el derecho constitucional de objeción de conciencia, es decir, el derecho a negarse por razones de conciencia a cumplir con un cometido profesional obligatorio o impuesto por la autoridad, y el deber de respetar los derechos y decisiones de sus pacientes. La objeción de conciencia es estrictamente moral, por lo que se deben respetar los valores en conflicto, o lesionarlos lo menos posible». Por lo que respecta a la eutanasia, los jueces y fiscales progresistas propugnan que «hay que desterrar definitivamente del debate político-criminal la medicina paliativa».

Asimismo, entienden «que es hora ya de abordar una reforma del Código Penal en materia de eutanasia que la despenalice con la finalidad de garantizar el derecho a una muerte digna en casos de graves sufrimientos no evitables a causa de enfermedades incurables».

Críticas a la dependencia


Por último, en relación con la Ley de Dependencia, denunciaron «la escasa voluntad política de las Administraciones implicadas para llevar a efecto un adecuado desarrollo de las prestaciones previstas. Así como deplorar el desigual grado de aplicación de la Ley en las diversas Comunidades Autónomas y la falta de coordinación con la Administración Central del Estado».
 
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