(Diario Médico, 29 de febrero de 2008)
El término "bioética rechazable" se suele
reservar para definir las acciones que, en el ámbito de sanidad, no
sólo se muestran como carentes de una ética de referencia, sino que
aparecen como condenables por la sociedad, al demostrarse contrarias al
bien común y a los intereses de los ciudadanos.
Dentro de
este marco se encuadrarían todas las actuaciones que, por su intención
o como resultado propio, se muestran destinadas a engañar o a crear
confusión en personas particulares o, lo que sería más grave, en la
opinión pública, creando climas de opinión contrarios a la defensa de
la salud.
La creación de un Comité de Bioética de España, tal
como se propone en la nueva Ley de Biomedicina -publicada en el Boletín
Oficial del Estado, de 4 de julio de 2007- parece encaminada a mostrar
a la ciudadanía un claro ejemplo de "bioética rechazable".
En
primer lugar, el análisis de la composición de los miembros de este
comité que, según adelantó el ministro de Sanidad, Bernat Soria,
reuniría "a los mejores expertos en los ámbitos médicos, científicos,
jurídicos, etcétera" aparece ya en la ley como predestinado a ser un
apéndice ideologizado del Gobierno, ya que la mitad de sus doce
miembros son nombrados directamente desde instancias ministeriales, a
las que evidentemente quedarán agradecidos por el honor concedido.
Teniendo
en cuenta que el presidente de dicho comité será nombrado directamente
por el Ministerio de Sanidad y que, en caso de divergencias al
cincuenta por ciento con el resto de sus miembros (nombrados por
diferentes comunidades), el voto de calidad del presidente decidirá las
cuestiones en debate, puede decirse que, prácticamente, casi no sería
necesario que se reunieran, ya que el resultado de las deliberaciones
parece estar decidido de antemano.
Para configurar este comité
podría haberse contado con miembros designados por las comisiones
deontológicas de los colegios de médicos, con representantes de las
asociaciones de bioética existentes a nivel nacional o autonómico, con
cargos elegibles desde la universidad -donde existen cátedras y cursos
de Máster en Bioética y de Derecho Sanitario de amplio prestigio-, o
con especialistas nombrados por las asociaciones científicas más
representativas del ámbito sanitario donde más frecuentemente surgen
problemas de ética (Cuidados Paliativos, Reproducción Asistida,
Atención Primaria, Ginecología y Obstetricia, etc.).
Sin
embargo, desde el Ministerio de Sanidad se ha optado por la
desconfianza hacia estos ámbitos y por la preferencia hacia
nombramientos directos, cambiando la exigible independencia de este
tipo de comités por el amiguismo de estómagos agradecidos, tan propio
de épocas que creíamos ya superadas.
Cuando, después de
formular y aprobar esta sesgada configuración del comité, se afirma que
éste será "representativo de la sociedad", sólo puede pensarse que la
mala conciencia de sus diseñadores intenta ahora la estratagema de que
no se descubra, ocultando así la auténtica metodología de la elección.
Grandes cuestiones en juego
Toda
esta cuestión carecería de importancia si sólo se quedara en un
endogámico reparto de influencias, a lo que ya más o menos estamos
acostumbrados. Sin embargo, la intencionalidad que se oculta detrás de
estos nombramientos digito-dirigidos sí es preocupante, ya que, entre
los temas que se destinarán a la decisión de este previsto "grupo de
sabios" (de los que varios no tienen experiencia clínica) estarán los
casos de petición de muerte "que no encajen en lo que se denomina
limitación del esfuerzo terapéutico", es decir, las peticiones de
eutanasia.
Así, al igual que ha sucedido con otros temas que
afectan al respeto a la vida humana, la dinámica elegida para hacer
aceptable la eutanasia a la opinión pública parece ser la de presentar
casos extremos, mediáticamente dirigidos, que muevan a la compasión y
en los que la decisión final será acorde con los intereses ideológicos
previstos por el responsable del Ministerio de Sanidad.
Esta
aceptación de la muerte provocada por razones compasivas, respaldada
por un comité de supuestos expertos en ética, no será una medida
inocente y sin consecuencias.
De hecho, una vez que la opción de
la muerte provocada de modo asistido exista como un derecho legal,
habrá presiones cada vez más fuertes para asegurar que los pacientes
conozcan que tienen ese derecho, subrayando el deber de los médicos de
informar a los enfermos a su cargo de las opciones que tienen en lo
concerniente a su salud... y también respecto a su muerte.
De
esta forma, no es aventurado suponer que los pacientes o ancianos en
situación de vulnerabilidad entiendan esta información como un
invitación a elegir ese camino y que, ante pacientes que no puedan
elegir por sí mismos, los médicos se vean en la supuesta obligación
moral de decidir por ellos, provocando su muerte, siempre con la buena
intención de liberar de gravosas cargas a sus familiares y de evitar
sufrimientos aparentemente inasumibles.
Se prescindiría así
de la obligación de potenciar los costosos cuidados paliativos, ahora
en expansión, y con todo ello se iría aceptando también la eutanasia
involuntaria, que es un hecho extendido en Bélgica y Holanda, en los
que esta cuestión ha sido despenalizada. En resumen, toda una lección
de "bioética rechazable".
José Jara Rascón