(La Gaceta, 16 de diciembre de 2008)
Rafael Navarro-Valls
EL
título no es mío: es de Le Monde. Me ha hecho gracia porque describe
correctamente la sensación de perplejidad de algunos políticos profesionales en
el microestado de Luxemburgo, ante la negativa de su Gran Duque de sancionar
una determinada ley.
El 17 de junio de 1940, Charles De Gaulle abandonaba Francia apelando a su
conciencia, que le impedía colaborar con el gobierno colaboracionista de
Petain. Pocos políticos franceses entendieron inicialmente su acción, pero
todos la admiraron. Siglos antes, Tomás Moro renunciaba a la Cancillería real y
a su propia cabeza por una cuestión de conciencia: no podía jurar el texto de
una ley de Enrique VIII. En aquel momento histórico la gran mayoría de
políticos profesionales del establishment inglés no comprendieron su postura.
Sólo la Historia realzó el gesto y su figura.
Dando un salto de siglos, y en rápida sucesión, dos jefes de Estado acaban de
apelar de algún modo a su conciencia para oponerse a la promulgación de leyes
que, además, entienden no beneficiosas para el contexto social de sus países.
Me refiero al presidente socialista uruguayo, Tabaré Vázquez y al aludido Gran
Duque, Enrique de Luxemburgo. En ambos casos se trata de normas legales
aprobadas por escasa mayoría.
En el primer supuesto, nos encontramos ante una ley que permitiría abortar en
Uruguay durante las doce primeras semanas de gestación. Dicha ley fue aprobada
en el Senado por una mínima diferencia. En la Cámara de Diputados, la ley
obtuvo 49 votos a favor, 48 en contra y dos abstenciones. Días después, con el
poder que le otorga la Constitución, el presidente Vázquez -médico oncólogo-
vetó la ley.
El proyecto de ley que despenaliza en Luxemburgo la eutanasia bajo determinadas
condiciones -pendiente de una segunda lectura dentro de unos días- fue aprobado
con una ajustada mayoría de 30 votos contra 26. Al acercarse el momento de la
votación definitiva del proyecto, el Gran Duque Enrique de Luxemburgo ha
comunicado a los líderes parlamentarios que no sancionará la ley porque ello
violaría su conciencia.
Estas actuaciones se producen cuando todavía resuenan en Europa las razones que
movieron a Balduino de Bélgica, en marzo de 1990, a negarse a sancionar la ley
de aborto aprobada por el Parlamento: "Sé que corro el peligro de no ser comprendido
por una parte de mi pueblo, pero éste es el único camino que puedo seguir según
mi conciencia". Ante esta firme actitud, el Gobierno belga, acogiéndose al
juego combinado de los artículos 82 (concerniente a la imposibilidad del rey
para gobernar) y 79 de la Constitución ( transferencia del poder en ese caso al
Consejo de Ministros), anunció que el monarca se encontraba "en incapacidad
temporal para gobernar". Promulgada la ley con la sola autoridad del Gobierno,
el Parlamento devolvió a Balduino -sin ningún voto en contra- sus atribuciones
constitucionales. Cuatro años después (julio de 1994), el presidente de
Polonia, Lech Walesa, comunicó al Parlamento que no firmaría la ley que
extendía la despenalización del aborto a las llamadas "causas sociales".
Advirtió, además, que dimitiría de su cargo si la ley entraba en vigor. No fue
necesaria la dimisión, ya que en el Parlamento polaco los votos favorables a la
ley no obtuvieron el quórum necesario para levantar el veto presidencial.
Volviendo al Gran Duque, ¿qué mosca le ha picado, y con él a los restantes
aludidos? Para explicar el problema, conviene partir del dato experimentable de
que en política -como en la vida- abundan las voluntades débiles que no
encuentran la energía necesaria para ponerse de parte de su conciencia. Al
igual que Hamlet, no son capaces de soportar el peso de sus convicciones. Junto
a ellas, existen otras que resuelven el drama interior que implica el choque
entre norma y conciencia individual apostando por la segunda. Quiero decir, que
hay veces en que la "conciencia común de la sociedad", aquella que cristaliza
en leyes, golpea a la conciencia de individuos singulares creando un conflicto
moral y jurídico. Con dolor y sin soberbia, el desenlace del drama es una
sencilla afirmación: "No puedo hacerlo contra mi conciencia". Es la
confirmación de que "la historia se escribe no sólo con los
acontecimientos que se suceden desde fuera, sino que está escrita antes que
nada desde dentro; es la historia de la conciencia humana y de las victorias o
de las derrotas morales". Desde luego, hay supuestos de complejas y delicadas
situaciones constitucionales en las que la conciencia puede decir más bien
poco. Sin embargo, los casos que acabo de describir, por encima de legítimas
polémicas jurídicas, refuerzan la valoración de las objeciones de
conciencia como uno de los nuevos derechos de libertad emanados de la evolución
de la conciencia social.
Algunos se ponen tensos ante estas afirmaciones, como si tras ellas se ocultara
la amenaza de un "apocalipsis jurídico". En realidad, el Derecho es tan
flexible que suele adaptarse sabiamente a las necesidades sociales sin grandes
terremotos sociales. Un sistema jurídico maduro -como los buenos juristas -
saben tener la solidez de una roca en sus convicciones junto a la flexibilidad
de un junco en sus aplicaciones. Bélgica supo encontrar la fórmula para
mantener la ley de aborto y reponer a Balduino en su trono. Polonia evitó una
crisis constitucional aplicando mecanismos jurídicos y Luxemburgo busca con
sutiles fórmulas defender la conciencia de Enrique y promulgar la ley, si se
aprueba en segunda lectura. Incluso en la hipótesis de que un concreto precepto
legal provocara una oposición masiva de ciudadanos en ejercicio de su libertad
de conciencia, el legislador habría de reflexionar, más allá de la objeción de
conciencia, sobre la justicia misma de una ley que desencadena un rechazo
social de amplias proporciones.
Acaba de conmemorarse el 60 aniversario de la Declaración Universal de los
Derechos del Hombre. Desde diciembre de 1948 la vida política e internacional
de las naciones ha girado en torno a ese eje. Este más de medio siglo ha
demostrado que la lucha por los derechos humanos se ha planteado como un
esfuerzo continuado de millones de personas que, como ha dicho Cassese,
"intervienen de mil modos en las mil encrucijadas del acontecer humano".
Un ejército en el que todos somos necesarios: desde las madres de mayo hasta
los objetores de conciencia pasando por anónimos operadores del Derecho. A veces,
muy a su pesar, según mi experiencia, sucede que los interpelados en su
conciencia son algunos conductores de pueblos. En estos supuestos, "la mosca
que les pica" es un complejo proceso mental que desemboca en una dura carga: la
de enfrentarse con parte de la clase política de su país y con parte de su
pueblo para defender su conciencia. En el caso del Gran Duque su posición le
conllevará, además, una carga suplementaria: ver reducido su poder como Jefe
del Estado, ya que el Parlamento acaba de aprobar un proyecto de ley que
modifica la Constitución luxemburguesa por el que al soberano se le priva de su
poder de sancionar las leyes, reservándole solamente el de "promulgarlas".
Es verdad que Enrique de Luxemburgo no está solo con su conciencia frente a
todos. La ley tiene a la clase médica en contra y -hecho insólito en la vida
política del pequeño país- una gran parte del pueblo también en contra. Por
encima de las legítimas reacciones favorables (por ejemplo un grupo de
parlamentarios franceses han emitido un comunicado solidarizándose con el Gran
Duque) o adversas (el partido de los verdes, impulsor de la ley, amenaza con
una crisis constitucional), lo que aquí se dilucida es una cuestión más grave:
la de la propia noción de derecho y justicia. Hoy soplan vientos que impulsan
un concepto de justicia en la que el derecho no se agota en la ley, ni toda ley
es, de por sí, justa. Comienza a recuperarse la función ética que, en la teoría
clásica de la justicia, correspondía a la conciencia singular del individuo.
Muy especialmente la libertad de conciencia, que es, como dijo hace más de 60
años el Tribunal Supremo norteamericano, "la gran estrella fija en nuestra
constelación constitucional".
Rafael Navarro-Valls es
catedrático de la Universidad Complutense.