(La Gaceta de los Negocios, 11 de diciembre de 2004). El consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha aprobado el proyecto para desarrollar los testamentos vitales entre nosotros. Se trata de garantizar, atendiendo a criterios amplios, el funcionamiento del
consentimiento informado en los pacientes terminales, para que puedan prever en
documentos convenientemente registrados las instrucciones finales sobre los
tratamientos que puedan aplicárseles.
Coincide esta norma, convergente con la
que en su momento impulsó Ana Pastor desde el Ministerio de Sanidad, con la
aprobación
en Francia de una ley tendente a evitar el ensañamiento terapéutico, y que
se opone igualmente a la eutanasia. Se prueba de este modo que es posible una
regulación garantista con las libertades individuales que respete, en
consecuencia, el derecho a la vida y no ceda a la demagogia pro
eutanásica.
Por su parte el Gobierno de la nación, tras su militancia
cinematográfica de los últimos meses, parece que ha recapacitado y ahora prevé
no ceder a las pretensiones de la ultraizquierda, que vuelve periódicamente
sobre este asunto.
Estas seguridades deberían bastarnos, si no fuera por el
continuo vaivén del Partido Socialista en este punto. Así, ha pasado
sucesivamente por posiciones que van desde penalizar la eutanasia en el código
del 95; apoyarla en la Comisión del Senado del 99; inclinarse por ella con mayor
o menor rigor a cada proposición de ley de los radicales; crear comisiones de
estudio sobre su legalización; el estreno gubernamental de la película Mar
Adentro, o los actuales desmentidos del presidente de los socialistas y de la
propia
ministra
de Sanidad, Elena Salgado.
A la luz de lo descrito, una mínima prudencia
exige que los sectores pro ocupados por la protección de la vida humana inocente
insistan en sus campañas de concienciación contra la eutanasia y perfilen una
legislación adecuada en lo que afecta al consentimiento informado y los
tratamientos proporcionados.
José Miguel Serrano