(La Razón, 3 de octubre de 2007)
La eutanasia, una asignatura pendiente del Gobierno, lo seguirá siendo la
próxima legislatura. El ministro de Sanidad y Consumo, Bernat Soria,
confirmó ayer que «no habrá un decreto» antes de las próximas elecciones
que regule la muerte asistida de los enfermos. Sin embargo, y como «todo
el mundo tiene derecho a una muerte digna» y, además, «a medida que
aumenta la tecnología hay más formas de morir», Soria plantea medidas
intermedias. Lo hizo ayer, durante un desayuno de Fórum Europa en Madrid.
El ministro de Sanidad aseguró que el suicidio asistido «está recogido en
el Código Penal». Los cuidados paliativos y la «limitación del esfuerzo
terapéutico» (no administrar tratamientos adicionales si el enfermo se
niega) son alternativas. Sin embargo, hay casos que no están incluidos en
ninguna de estas opciones. Para ellos, Soria propone que sea el Comité de
Bioética -un organismo que se creará en el desarrollo de la Ley de
Investigación del mismo nombre- el que decida.
El
ministro aseguró que tiene la intención de comenzar el desarrollo de la
ley en esta legislatura y nombrar lo antes posible a los miembros de este
comité. El órgano estará formado por doce miembros, «seis nombrados por el
Ministerio de Sanidad y otros seis por las comunidades autónomas». En la
práctica, habida cuenta del peso de las autonomías gobernadas por el
Partido Socialista, esta fórmula permitiría al Gobierno controlar el
comité.
Si, finalmente, Soria lleva a cabo cambios
relativos a este polémico asunto, puede toparse, como en ocasiones
anteriores, con las críticas de la Iglesia.
A este respecto, el ex investigador señaló que el
Gobierno «siempre ha sido muy respetuoso con la actividad pastoral de la
Iglesia católica y de las demás, y lo que esperamos es el mismo
respeto».