(Diario de Sevilla, 21 de mayo de 2008)
Ley reguladora de la dignidad de las personas ante el proceso de la
muerte: ésta es la denominación del proyecto legislativo que ya prepara
la Consejería de Salud para garantizar el desarrollo normativo del
derecho a la muerte digna que se recoge en el nuevo Estatuto. Según
explicó ayer María Jesús Montero, consejera de Salud, que compareció en
la comisión parlamentaria dedicada a esta materia, el objetivo de esta
iniciativa es "garantizar una atención adecuada al final de la vida,
evitar sufrimiento en la medida de lo posible y el respeto a la
dignidad del paciente".
De este modo, según Montero, los
pacientes de la sanidad autonómica tendrán derecho a lo largo de la
legislatura que ahora comienza a un acceso rápido a los cuidados
paliativos y a recibir atención sanitaria en el propio domicilio.
Además, la futura norma que salga del Parlamento prohibirá la
"obstinación médica" en aquellos casos en los que ya no sea posible
ayudar al paciente y actualizará la actual normativa sobre voluntades
anticipadas.
La titular de Salud es consciente del terreno
resbaladizo que pisa, dada la facilidad con la que un análisis
superficial puede asociar la atención a determinados pacientes en
situación terminal a la denominada eutanasia activa. De hecho, Montero,
nada más tomar posesión de su cargo, se manifestó dispuesta a "abrir el
debate de la muerte digna en Andalucía" pero pidiendo que el asunto se
analizase "en toda su variedad cromática", sin reduccionismos.
En
realidad, la propuesta de la Junta de Andalucía no supone ningún giro
copernicano en la manera -legal y asistencial- de atender estas
situaciones, en cuyo núcleo se encuentra la defensa de la dignidad de
los pacientes en momentos en los que, precisamente, más indefensos
están. Lo que pretende el proyecto legislativo es elevar el rango del
derecho a recibir determinadas prestaciones que, hoy por hoy, no llegan
a todos los pacientes.
Pero la Junta no va a regular ninguna
forma de eutanasia ni se va a ir conceptualmente más allá de lo que ya
establecen la ley estatal de autonomía del paciente de 2002 y la ley
andaluza de voluntad vital anticipada, de 2003. Salvo que el
think tank
de los socialistas convenza al actual Gobierno central de lo contrario.
Por dos razones: se rompería el consenso trabajosamente alcanzado
-especialmente con el PP- en la negociación del Estatuto en este punto
y se abriría un debate -el de la eutanasia activa- que el PSOE entiende
que no demanda aún su potencial electorado. IU fue el único de los
grandes partidos que concurrió a las últimas elecciones generales
pidiendo la despenalización de la eutanasia; asunto que no aparecía,
curiosamente, en el programa con el que se presentó esta misma
formación a los comicios andaluces.