(El País, 8 de septiembre de 2008)
"Liquidar al personal con cargo
a la Seguridad Social". Así definió ayer el portavoz del PP, Esteban González
Pons, la propuesta del ministro de Sanidad, Bernat Soria, de abrir "una
reflexión" sobre el suicidio asistido. Pons lo declaró a la Cope, la emisora de
los obispos. Más prudente, la secretaria de Política Social del PP. Ana Pastor,
transmitió por medio del equipo de prensa de su partido que "nadie iba a decir
nada hasta tener un papel".
Pons --ignorando parte de las
declaraciones de Soria a EL PAIS- destacó que, con la propuesta del ministro,
los socialistas "han renunciado a los cuidados paliativos", informa Servimedia,
"Ya no hablan de muerte digna, hablan de suicidio asistido. Nosotros estamos
por la cultura de los cuidados paliativos, por enfrentarnos al ensañamiento
terapéutico", añadió. El ministro Soria había dicho precisamente que existe
unanimidad al respecto porque la Estrategia Nacional se había consensuado con
tas comunidades autónomas,
La jerarquía del catolicismo,
enfrentada por segunda vez en una semana a decisiones del Gobierno que no
comparte (aborto y suicidio asistido), se pronunció por boca del cardenal
arzobispo de Toledo, Antonio Cañizares. Lo hizo en la homilía pronunciada ayer
en la catedral de Toledo.
"Seria hipocresía no denunciar
lo que está en contra del bien más preciado del hombre, que es la vida, ante
una cultura de muerte que alienta legislaciones que anteponen al derecho
inviolable a la vida cualquier otro interés", dijo el primado de España en
alusión a unas palabras del presidente Rodríguez Zapatero tildando de "hipócritas"
a sus críticos.
El presidente de la Comisión de
Deontología de la Organización Médica Colegial (OMC), Rogelio Altisent, afirmó
que "desde un punto de vista asistencial [la propuesta de Sorla] tendría
consecuencias negativas para la sociedad, especialmente en forma de coacción a
los más débiles y a los ancianos". "Tenemos la evidencia (publicada) de que en
Holanda se está cumpliendo la conocida teoría de la pendiente resbaladiza, es
decir, se está aplicando a personas que no lo habían solicitado", añadió.
Frente a estas reacciones, otros
expertos apoyan con matices la propuesta de Soria. Pablo Simón, miembro del
Comité de Bioética que el Gobierno nombró el pasado diciembre, no criticó la
propuesta, sino el hecho de que se haya hecho sin contar con el grupo de
expertos que el propio Ejecutivo había establecido, Desde Croacia, donde está
en unas jornadas sobre bioética, Simón señaló que en un "tema tan sensible",
que implica "modificar el Código Penal", abrir el debate le parece "estupendo".
"Pero el Gobierno no debe actuar a base de globos sonda. Hay que hacerlo con
mucho rigor, seriedad y mucha participación de todos, incluidas las iglesias",
dijo.
Una portavoz del Instituto Borja
de Bioética, que se define como de "inspiración cristiana", declaró: "En
algunos casos muy estudiados no cerramos la puerta a la eutanasia y, por
extensión, al suicidio asistido", dijo su portavoz, Ester Busquets. "La Conferencia
Episcopal estará en contra, pero hay que recordarle lo que dice la Encíclica
Deus caritas est, de Benedicto XVI: "I.a
Iglesia no quiere imponer a los que no comparten la fe las propias perspectivas
y los propios modelos de comportamiento", añadió.
El presidente de la Sociedad
Internacional de Bioética, Marcelo Palacios, manifestó que "un Estado moderno
no debería tener algo que penalice el que una persona escoja cómo quiere morir,
como el articulo 143 del Código penal que castiga el auxilio en el suicidio".
"Celebro la promesa de Soria de
hacer efectivos los derechos ciudadanos en este terreno: el derecho de toda
persona a morir sin dolor y a rechazar cualquier actuación médica que pretenda
prolongar su vida en contra de su deseo. Es inhumano obligar a nadie a
someterse a actuaciones que le hagan vivir en contra de su voluntad, pero es
que, además, en este país es ilegal. Y esto no sólo en el final de la vida sino
en cualquier momento", comentó la bioética Marga Iraburu.
La asociación Dérecho a Morir
Dignamente ha recordado que, en España, el Centro de Investigaciones
Sociológicas (CIS) no pregunta a los ciudadanos sobre eutanasia desde 1997.
Entonces, un 67% de los encuestados se mostró a favor de regularla.