(Diario Médico, 10 de octubre de 2008)
Marta Esteban/Marina Tocón
Las comunidades autónomas no se
plantean seguir los pasos de Andalucía y regular por ley el derecho a la muerte
digna. Las consejerías consultadas aclaran que las voluntades anticipadas, los
registros y los cuidados paliativos ya garantizan los derechos de los
pacientes.
Andalucía, por ahora, se queda
sola. Es la primera comunidad autónoma que ha puesto en marcha la tramitación de
una norma para regular la muerte digna y parece ser que va a ser la
única.
Las consejerías de sanidad
consultadas por Diario Médico
han asegurado que las normas autonómicas vigentes sobre las voluntades
anticipadas y los correspondientes registros garantizan el derecho de los
pacientes a una muerte digna.
Manuel Cervera, consejero de
Sanidad de la Comunidad
Valenciana, ha declarado que las voluntades anticipadas en esta
comunidad autónoma "están muy desarrolladas dentro de la Ley de Derechos de
Información del Paciente y más de seis mil personas han hecho testamento vital.
Todo lo que se circunscribe a esta materia está ya
regulado".
Esta opinión es compartida por Ana
Sánchez, viceconsejera de Asistencia Sanitaria de la Comunidad de
Madrid, que ha manifestado que "ya hay bastantes artículos y leyes que dan a las
personas capacidad para elegir y decidir cómo quieren ser tratadas en su vida y
en los momentos próximos a su fallecimiento". Es más, "hay una Ley de Autonomía
del Paciente que en su artículo sobre voluntades anticipadas deja claro que el
enfermo es absolutamente libre para decidir en un momento final si quiere ser o
no reanimado".
Respaldo
social
Marina Geli, consejera de Salud de
la Generalitat
de Cataluña, ha confirmado que desde su comunidad "no se han planteado una
modificación legislativa porque hicimos el documento de voluntades anticipadas y
ha funcionado bien. Somos la autonomía con mayor número de personas que accede a
este documento". Es más, "tenemos una larga tradición en el desarrollo de los
cuidados paliativos y dispositivos para que los pacientes puedan morir en casa y
estar acompañados".
Geli ha valorado el proyecto
andaluz y las sanciones que la norma prevé para los profesionales en caso de
exceso terapéutico. "Es un debate que está abierto, pero en Cataluña no es
necesario plantearlo porque nuestro sistema se basa en la
confianza".
Fuentes de la Consejería de
Sanidad de Murcia han confirmado también que "no hay un proyecto para una ley de
muerte digna en esta comunidad, y aunque el anteproyecto andaluz es una posible
vía creemos que las leyes vigentes en materia de voluntades anticipadas y
cuidados paliativos son suficientes". Lo que hay que hacer es "potenciar estos
cuidados paliativos y las instrucciones
previas".
Apuesta de
Galicia
La apuesta por los cuidados
paliativos y por el registro de voluntades es también la postura que mantiene
la Consejería de
Sanidad de Galicia, que ha confirmado que los cuidados paliativos en la
comunidad "están desarrollados tanto en los complejos grandes como en los
comarcales".
La
Rioja y
Navarra tampoco tienen previsto una regulación de la muerte digna, y desde
la Consejería de
Cantabria también apuestan por las instrucciones previas y el registro, medidas
que recientemente han entrado en funcionamiento, por lo que "por ahora no nos
planteamos ninguna actuación más en este ámbito".
Respaldo legal
suficiente
Parece ser que la profesión no es
la única que considera que el anteproyecto de ley de muerte digna de Andalucía
puede ser innecesario (ver DM de ayer). Según ha declarado el ministro de
Sanidad, Bernat Soria, las normas existentes ya garantizan este
derecho.
Las declaraciones de Soria hacen un
flaco favor a la iniciativa de María Jesús Montero,
consejera de Sanidad de Andalucía. Para el ministro, la prioridad es que la ley
se aplique y que los derechos de los pacientes a vivir sin dolor y a tener una
muerte digna sean una realidad en todo el territorio nacional. El Ministerio se
marca un objetivo: la extensión de los cuidados paliativos a toda
España.