(ABC, 13 de noviembre de 2008)
Aborto, eutanasia y dependencia son las
grandes inquietudes de las asociaciones profesionales Jueces para la Democracia y
Unión Progresista de Fiscales, según se desprende de las conclusiones conjuntas
que ayer hicieron públicas tras su reunión anual.
Sorprenden el tono eminentemente social y
político de las propuestas finales del cónclave que acaban de celebrar. Sobre
todo por el complicado panorama que en España rodea a todo lo relacionado con
la Justicia.
Problemas de calado como el colapso de unos juzgados que se
encuentran sepultados bajo toneladas de archivos, la siempre retardada
modernización de la Justicia, los interminables retrasos de los juicios, las
movilizaciones de los secretarios judiciales, las constantes polémicas, con las
cotas de aceptación social por los suelos y con el colectivo observado con lupa
y permanentemente bajo sospecha de politización.
Por una ley de
plazos
En
medio de este huracán, lo único que desasosiega a estos colectivos
autodenominados progresistas son el aborto y la eutanasia.
Con sus opiniones irrumpen en unos debates eminentemente
políticos. Tanto que, de hecho, están siendo ahora mismo o tratados en el
Congreso, caso del aborto, o forman parte de la controversia social que ha
pretendido encender el Gobierno, más concretamente su ministro de Sanidad,
Bernat Soria, como ocurre con la muerte asistida.Entienden los jueces y fiscales
que la actual ley del aborto «ha devenido insuficiente por la falta de seguridad
jurídica, tanto para las mujeres como para los profesionales sanitarios». Así
pues, consideran que «resulta necesaria una reforma que tome como punto de
partida un sistema de plazos que sea respetuoso con el derecho de la mujer a
decidir en las primeras semanas de embarazo, complementado con una reformulación
de los supuestos actualmente previstos por la ley para así dar solución a casos
justificados detectados fuera de plazo».Incluso, arremeten contra el derecho de
los médicos a la objeción de conciencia. Al respecto, señalan: «Es inadmisible
que invocaciones genéricas a la objeción de conciencia produzcan en la práctica
como resultado que se acabe privando a las mujeres de su derecho de acceso a la
sanidad pública». Para concluir «exigiendo que el sistema de sanidad pública
garantice en todo el Estado la prestación sanitaria necesaria para la
interrupción voluntaria del embarazo en los supuestos legales». En este sentido,
el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos ya dejó clara su postura al
respecto hace poco y se remitió a ella de nuevo: «No se debe discriminar a
ningún profesional a causa de sus principios. Al médico le asiste el derecho
constitucional de objeción de conciencia, es decir, el derecho a negarse por
razones de conciencia a cumplir con un cometido profesional obligatorio o
impuesto por la autoridad, y el deber de respetar los derechos y decisiones de
sus pacientes. La objeción de conciencia es estrictamente moral, por lo que se
deben respetar los valores en conflicto, o lesionarlos lo menos posible». Por lo
que respecta a la eutanasia, los jueces y fiscales progresistas propugnan que
«hay que desterrar definitivamente del debate político-criminal la medicina
paliativa».
Asimismo, entienden «que es hora ya de
abordar una reforma del Código Penal en materia de eutanasia que la despenalice
con la finalidad de garantizar el derecho a una muerte digna en casos de graves
sufrimientos no evitables a causa de enfermedades incurables».
Críticas a la
dependencia
Por
último, en relación con la Ley de Dependencia, denunciaron «la escasa voluntad
política de las Administraciones implicadas para llevar a efecto un adecuado
desarrollo de las prestaciones previstas. Así como deplorar el desigual grado de
aplicación de la Ley en las diversas Comunidades Autónomas y la falta de
coordinación con la Administración
Central del Estado».