"El proyecto sobre 'muerte digna' da por supuesto una realidad que no existe"
(Diario Médico, 21 de junio de 2010)Andalucía puede ser la primera autonomía en regular la llamada muerte digna de los pacientes al final de la vida, pero no será la única en recoger bajo un articulado legal lo que para muchos ya estaba regulado en normas como la Ley de Autonomía del Paciente y el Código de Ética y Deontología de la Organización Médica Colegial.
Las Cortes de Aragón han admitido a trámite la proposición de ley sobre derechos y garantías de la dignidad de la persona en el proceso de muerte, convirtiéndose así en la segunda autonomía que regula esta materia. A Aragón se suma también Navarra con una propuesta presentada la semana pasada por Nafarroa Bai.
Los cuidados paliativos como asignatura obligatoria debería ser una premisa elemental y exigible en una ley de este tipo
El debate sobre la necesidad de una norma de este tipo vuelve a barajarse así como las críticas por una regulación que no tiene en cuenta la realidad asistencial aragonesa. Rogelio Altisent, profesor de Bioética de la Universidad de Zaragoza, afirma que la proposición de ley "da por supuestas una serie de realidades que no existen". En la mayoría de los hospitales de Aragón "no existe una auténtica unidad de cuidados paliativos" y, en esta comunidad, los comités de ética asistencial, a los que la norma otorga el papel de apoyo y asesoramiento en las decisiones difíciles, "apenas funcionan; dos o tres de un total de ocho sectores".
La intención de la norma legislativa es buena, según Altisent, pero eso no es suficiente. Su tramitación es "un buen momento para que los parlamentarios aragoneses sepan que nuestra comunidad es una de las pocas que todavía no tienen una normativa para la regulación de los comités de ética asistencial". Además, los estudiantes de Medicina de la Universidad de Zaragoza "no tienen una asignatura obligatoria de cuidados paliativos, lo cual debería ser una premisa elemental y exigible en una ley de este tipo".
El temor a la sanción
El expresidente de la Deontológica de la Organización Médica Colegial hace un llamamiento para evitar lo que se ha denominado encarnizamiento legislativo, esto es, "leyes fútiles o incluso que promuevan la judicialización de la asistencia sanitaria, lo cual no beneficia a nadie". Altisent critica las sanciones previstas por la norma en caso de incumplimiento, pues los profesionales "deben prestar la mejor asistencia posible a los enfermos más vulnerables que necesiten paliativos, pero lo deben hacer por compromiso deontológico, no por temor a una multa"